El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice en las calles en respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular un pliego de cargos contra su campaña presidencial de 2022 por presunta financiación no reportada. En una declaración contundente realizada el 8 de octubre, Petro denunció que esta acción constituye un “golpe de Estado” a su mandato, instando a las organizaciones populares a entrar en asamblea permanente.
“Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. El Presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo”, expresó Petro, subrayando la importancia de la paz y la resistencia civil.
Los cuestionamientos sobre la financiación de su campaña han cobrado fuerza después de que el CNE presentara un informe detallando las irregularidades. Se reporta que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) aportó $500 millones que no fueron reportados, mientras que el Polo Democrático inyectó otros $500 millones. Asimismo, la Unión Sindical Obrera (USO) habría omitido pagos que ascienden a más de $121 millones. Además, se detectaron irregularidades en los pagos relacionados con la campaña al Senado de 2022, específicamente del Pacto Histórico, que no fueron reportados por un monto de $202 millones.
La convocatoria de Petro ha generado reacciones mixtas en la opinión pública, con algunos sectores apoyando su llamado a la movilización, mientras que otros critican su enfoque y la falta de transparencia en la financiación de su campaña. En un contexto de creciente polarización política, este nuevo capítulo en la administración de Petro podría tener repercusiones significativas en la estabilidad del gobierno y en el panorama político colombiano.
Las movilizaciones podrían verse impulsadas por diversas organizaciones sociales y políticas que respaldan al presidente, mientras que la oposición observa con atención los acontecimientos. La situación se encuentra en un punto crítico, y el futuro de la administración de Petro podría depender de la respuesta del pueblo y de las acciones que tome el gobierno ante las acusaciones del CNE.
Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
Además, el mandatario de los colombianos solicitó una reunión con el cuerpo diplomático para explicar la manera en que el “golpe” que se estaría dando en contra de su administración. “Le pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el porque lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley. Le solicito a mis abogados frente a la sentencia de la CIDH a mi favor que ha sido violada por completo”.
Los magistrados decidieron votar positiva la ponencia de Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes consideraron que había evidencias fácticas para investigar la contienda política, de la cual fue gerente el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.
Los magistrados consideraron que la contienda de 2022, que llevó a Gustavo Petro a Palacio de Gobierno, vulneró los topes electorales y se pasaron más de $5 mil millones, razón por la cual los implicados en la campaña deberán dar las explicaciones pertinentes ante el Consejo Nacional Electoral.
En la tarde de este martes, 8 de octubre, luego de decir que había iniciado el “golpe de Estado” por la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular pliego de cargos contra su campaña, el presidente Gustavo Petro convocó a las calles y pidió a las Fuerzas Militares no alzar las armas.
“Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. El Presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo”, afirmó Petro.
El informe detalles que así ingresaron los dineros sin reportar: Fecode aportó $500 millones los cuales no se reportaron. El Polo Democrático ‘inyectó’ otros $500 millones, la Unión Sindical Obrera, USO, $121.544.000, se omitieron los pagos de aviación por 1.249.793.230. Además, el Consejo Nacional Electoral considera que no se reportó el pago desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico por $202.471.731.
Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
Además, el mandatario de los colombianos solicitó una reunión con el cuerpo diplomático para explicar la manera en que el “golpe” que se estaría dando en contra de su administración. “Le pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el porque lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley. Le solicito a mis abogados frente a la sentencia de la CIDH a mi favor que ha sido violada por completo”.
Los magistrados decidieron votar positiva la ponencia de Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes consideraron que había evidencias fácticas para investigar la contienda política, de la cual fue gerente el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.
Los magistrados consideraron que la contienda de 2022, que llevó a Gustavo Petro a Palacio de Gobierno, vulneró los topes electorales y se pasaron más de $5 mil millones, razón por la cual los implicados en la campaña deberán dar las explicaciones pertinentes ante el Consejo Nacional Electoral.
“Resolución por medio de la cual se abre investigación se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”, decía la ponencia de los magistrados que han sido cercanos al Partido Liberal y al Centro Democrático y que fue aprobada por la sala plena.
En el documento se dallaron los aportes que recibió la campaña y que no fueron reportados como lo deben hacer las contiendas ante el mismo Consejo Nacional Electoral, que regula los topes económicos de las agrupaciones políticas. El consolidado preliminar del informe señala que el Pacto Histórico, coalición de izquierda que apoyó a Gustavo Petro en la contienda política, omitió reportar gastos superiores a los $3.861.201.833 tanto en primera como en segunda vuelta.
El informe detalles que así ingresaron los dineros sin reportar: Fecode aportó $500 millones los cuales no se reportaron. El Polo Democrático ‘inyectó’ otros $500 millones, la Unión Sindical Obrera, USO, $121.544.000, se omitieron los pagos de aviación por 1.249.793.230. Además, el Consejo Nacional Electoral considera que no se reportó el pago desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico por $202.471.731.
Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
