Bogotá, Colombia – El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que la implementación del Acuerdo de Paz sigue rezagada en términos de resultados, gestión y asignación de recursos. A pesar de los esfuerzos y los recursos asignados para materializar los compromisos del posconflicto, aún no se han logrado cambios estructurales significativos en las regiones y zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, ni en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La crítica se dio en el marco de la instalación del Foro “Así va la Paz”, un evento donde el Contralor presentó la Estrategia Control Paz Colombia, una herramienta innovadora que busca hacer seguimiento a los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz. Esta estrategia tiene como objetivo identificar, monitorear y evaluar la gestión de los recursos, su ejecución y los resultados obtenidos, para asegurar que las inversiones lleguen efectivamente a las comunidades más afectadas por el conflicto.
Un panorama preocupante
Rodríguez Becerra destacó que, si bien se han asignado recursos significativos para la implementación del Acuerdo, no se han visto avances concretos en las regiones más impactadas por décadas de violencia. El Contralor señaló que la ejecución de los recursos es insuficiente y que el Estado no ha respondido con la debida celeridad, lo que está impidiendo la materialización de los objetivos del Acuerdo de Paz.
Desde la firma del Acuerdo Final en 2016, se han reportado inversiones por un total de $88,5 billones desde 2017 hasta marzo de 2024. Sin embargo, estos recursos representan apenas el 45% del total proyectado para ejecutarse en un periodo de 15 años, lo que revela la disparidad entre la asignación de recursos y su implementación efectiva.
Desafíos para el posconflicto
El Contralor también señaló que, a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno, las metas relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos, la reincorporación de excombatientes de las FARC y la reparación a las víctimas aún no se han cumplido en su totalidad. A esto se suman las dificultades de gobernabilidad y la persistencia de actores armados ilegales que siguen operando en muchas de las zonas rurales del país.
La falta de una respuesta eficaz por parte del Estado ha generado desconfianza en las comunidades que esperaban que la implementación del Acuerdo de Paz trajera consigo mejoras tangibles en sus condiciones de vida, seguridad y bienestar.
Un llamado a la acción
Rodríguez Becerra hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en general para que se garantice una mayor celeridad en la ejecución de los recursos y que los resultados sean visibles a corto plazo. La paz en Colombia depende de la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos, especialmente en las regiones más vulnerables y donde la violencia ha dejado huellas profundas.
