El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido formular un pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, en un contexto marcado por la controversia y la polarización política. A pesar de que el presidente ha sostenido en varias ocasiones que el CNE no tiene competencia para investigar su campaña, el órgano electoral ha avanzado con su indagatoria.
La ponencia que dio origen a esta decisión fue presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, del Partido Liberal. Esta propuesta recibió el respaldo de seis de los otros miembros del CNE, quienes coincidieron en que existían suficientes fundamentos para proceder. Según el informe, la campaña de Petro habría violado los topes electorales en más de $5 mil millones.
Los cargos se dirigen no solo a Gustavo Petro como candidato, sino también a otros miembros clave de su equipo, incluyendo a Ricardo Roa Barragán, quien fue el gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus Gómez. Además, se incluye a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica en esta formulación.
La CNE sostiene que los responsables vulneraron el límite de gastos en la primera vuelta electoral, específicamente por un monto de $3.709.361.342. Esta acusación se fundamenta en el artículo 109 de la Constitución, el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, así como en los artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005, en concordancia con la Resolución 0694 de 2022 adoptada por el propio Consejo.
La decisión ha desatado una serie de reacciones en la arena política. Los seguidores de Petro han interpretado los cargos como un intento de desacreditar su gobierno y debilitar el apoyo popular que ha recibido. Por otro lado, sectores de la oposición ven en esta acción una necesidad de rendición de cuentas y transparencia en el financiamiento de campañas políticas.
La controversia en torno a la decisión del CNE pone de manifiesto el delicado equilibrio entre el control electoral y la autonomía de los candidatos. A medida que el caso avanza, tanto el CNE como el equipo de Petro se preparan para una batalla legal que podría tener importantes repercusiones en el futuro político del país.
Con un clima de tensión y debate en aumento, el desenlace de este caso no solo afectará a Petro y su administración, sino que también podría marcar un hito en la regulación del financiamiento electoral en Colombia, lo que a su vez podría influir en las próximas elecciones.
Para el órgano electoral, la contienda omitió el reporte de financiación hecho por Fecode, de $500.000. Además, tampoco se registró el aporte del Polo Democrático, por ese mismo valor. Tampoco se habría reportado el pago de $900.000 para los testigos electorales, $350.000 en propaganda electoral, $202.000 que llegaron desde la campaña al Senado por el Pacto Histórico.
En las cuentas de los magistrados ponentes, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se alertó también que no se registró los gastos de campaña relacionados con los servicios de transporte aéreo que ascendió a $1.249.793.230. El aporte financiero de la Unión Sindical Obrera, USO, por $121.544.00 tampoco se registró.
“Para la segunda vuelta, se les formula cargos por la presunta vulneración al límite de gastos por la suma de mil seiscientos cuarenta y seis millones trescientos ochenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos ($1.646.386.773), con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican”, afirmó el órgano electoral respecto a la segunda vuelta.
Para los magistrados ponentes, Prada y Ortiz, no se reportaron $100.000 que se invirtieron en un evento del 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena para la celebración. Además, $177.680.000 que se destinaron para los testigos electorales, no aparecen en los libros de financiación.
El transporte aéreo por $962.957.784 tampoco se reportó. De igual forma se omitió un aporte de la Colombia Humana por $530.579.983. Por último no se presentó otro aporte de la USO por $379.019.511.
“Ha comenzado el golpe de Estado”, Gustavo Petro
Minutos después de que el Consejo Nacional Electoral, en su sala plena, decidiera formular pliego de cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular, el mandatario de los colombianos dijo a través de sus redes sociales que había iniciado el “golpe de Estado” en el país.
La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) fue respaldada por seis de los otros miembros del Consejo Nacional Electoral, quienes aprobaron formular pliego de cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntamente haber violado los topes electorales en más de $5 mil millones.
La ponencia formula pliego de cargos en contra de Gustavo Petro Urrego, como candidato; Ricardo Roa Barragán, entonces gerente; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus Gómez como auditores; además de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
