En el juego del poder político y económico, el presidente Gustavo Petro ha sabido capitalizar una herramienta clave: las superintendencias, organismos autónomos que juegan un papel crucial en la regulación y control de sectores económicos, sociales y ambientales en Colombia. Estas entidades, aunque autónomas en su gestión, son designadas directamente por el presidente de la República, lo que les otorga un poder considerable para presionar o proteger determinados intereses. En el caso del gobierno de Petro, estas superintendencias no solo sirven para implementar políticas, sino también para defender la agenda petrista y, en algunos casos, intervenir en asuntos delicados con sectores clave de la sociedad.
El Poder de las Superintendencias en el Gobierno de Petro
En un contexto donde el presidente busca implementar reformas profundas, las superintendencias se convierten en sus «dientes» para ejercer presión y asegurar el cumplimiento de sus posturas. Cada una de estas entidades tiene su propia esfera de influencia, y el control de las mismas ha sido asignado a funcionarios de confianza del presidente, muchos de los cuales han estado en el centro de la polémica por decisiones que, en ocasiones, han sido percibidas como desproporcionadas o como una forma de amedrentar a sectores críticos.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): La Fuerza Contra la Registraduría
Un ejemplo claro de este uso estratégico de las superintendencias ocurrió recientemente con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que imputó a varios funcionarios de la Registraduría por presuntas irregularidades en la contratación para las elecciones a Juntas de Acción Comunal. Este acto no solo desató controversias sobre la legalidad de las acciones de la SIC, sino que también reveló cómo esta superintendencia, dirigida por la abogada Cielo Rusinque, ha sido utilizada para presionar sectores que son claves en el control político del gobierno.
Rusinque, activista de Petro desde la campaña presidencial de 2022, ha sido criticada por su falta de experiencia en el sector y por su cercanía con el presidente, lo que ha alimentado las acusaciones de que la SIC está siendo utilizada para castigar a los opositores o para imponer la agenda del Ejecutivo a través de medidas cuestionables.
La Superintendencia de Salud: El Control sobre las EPS y la Reforma Sanitaria
Otra de las superintendencias con un papel fundamental en la agenda de Petro es la Superintendencia Nacional de Salud, que ha sido clave en el manejo de las EPS (Empresas Promotoras de Salud). En un contexto de discusión sobre la reforma a la salud, el Gobierno intervino a entidades como Sanitas y Nueva EPS, nombrando interventores que tienen la potestad de modificar sus destinos, incluida una posible liquidación. La intervención en el sector salud no solo ha generado fricciones políticas, sino que también ha expuesto las tensiones internas dentro del gabinete de Petro, donde varios actores luchan por el control de este sector.
Superintendencias con Poder Político: Servicios Públicos y Sociedades
El sector de servicios públicos es otro de los puntos calientes en los que el gobierno de Petro ha utilizado las superintendencias como instrumentos de presión. La Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, por ejemplo, fue dirigida hasta hace poco por Dagoberto Quiroga, un abogado cercano al presidente, que fue reemplazado tras generar controversias con decisiones en el sector energético. De manera similar, la Superintendencia de Sociedades, dirigida por Billy Escobar, sigue jugando un papel clave en el control de grandes corporaciones privadas, sancionando a empresas como Rappi y participando en reorganizaciones empresariales clave.
En el caso de la Superintendencia de Sociedades, la permanencia de Escobar, nombrado por el expresidente Iván Duque, sorprendió a muchos, dado que el gobierno de Petro ha mostrado históricamente posturas críticas hacia grandes corporaciones. No obstante, las relaciones entre Petro y los empresarios más poderosos del país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo y Carlos Ardila Lulle, parecen haber encontrado un terreno común gracias a las gestiones de Escobar.
Una Superintendencia para Cada Sector: Transporte, Notarías y más
El poder de las superintendencias de Petro no se limita a los sectores económicos y sociales más tradicionales. La Superintendencia de Transporte, bajo la dirección de Ayda Lucy Ospina, tiene una labor de vigilancia sobre el sector, que ha sido objeto de críticas debido a su cercanía con el megacontratista Euclides Torres, quien, según rumores, ha financiado campañas políticas y ha influido en decisiones del gobierno. Este sector también se ve sacudido por las tensiones internas que surgen en relación con la crisis de aerolíneas como Viva Air, un tema candente en las discusiones políticas.
Otro ejemplo es la Superintendencia de Notariado, donde Daniela Andrade Valencia, nombrada como notaria en Bogotá, ha sido acusada de manejar recursos de manera opaca, además de tener vínculos cercanos con el entorno presidencial.
El Impacto en el Gobierno: Laura Sarabia y las Superintendencias
Un factor común en varias de estas superintendencias es el papel de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien ha fungido como una especie de «puente» entre las decisiones de las superintendencias y el presidente Petro. Se dice que Sarabia ha sido clave para informar al presidente sobre las acciones de estas entidades y también para mediar entre el Ejecutivo y los sectores privados. Sin embargo, los rumores sobre su salida de la presidencia comienzan a crecer, alimentados por la creciente cercanía de la funcionaria con el sector empresarial y el Grupo Aval.
Las Superintendencias Como Instrumentos de Poder
Las superintendencias bajo el gobierno de Gustavo Petro se han convertido en instrumentos estratégicos para defender los intereses del presidente y presionar a sectores clave de la sociedad y la economía. Estas entidades, a pesar de su autonomía, son vistas por algunos como un medio para garantizar que los intereses del gobierno prevalezcan, incluso cuando eso implica desafiar la independencia de los organismos a los que se les ha dado autoridad.
A medida que la reforma sanitaria y otras propuestas clave del gobierno de Petro continúan en desarrollo, las superintendencias seguirán jugando un papel fundamental en la política colombiana, no solo como vigilantes del cumplimiento de la ley, sino también como piezas clave en el ajedrez político y económico del país.
El Subsidio y la Vigilancia
Las dos superintendencias restantes son la Superintendencia de Subsidio Familiar y la de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso de la primera, se trata de la oficina que vigila a las cajas de compensación y demás entidades involucradas en las transferencias de los subsidios. También ha estado bajo los reflectores pues Petro nombró a Luis Guillermo Pérez, quien fue magistrado del CNE y suspendido por la Procuraduría por solicitar a algunas cajas vigiladas aporte en dinero para Buenaventura, cosa que está impedida por la ley.
Además, la revista Semana reveló unos chats en donde Pérez solicitó “echar uribistas” de una caja de compensación intervenida. Como reemplazo, Petro nombró a Angie Katherine Monroy, abogada que hizo parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Finalmente, en el sector de vigilancia, donde el Gobierno también tiene herramientas de control, nombraron al abogado Raúl Gutiérrez un penalista que ha trabajo en el sector defensa.
Lo cierto es que todas las diez superintendencias representan no solo la defensa a los usuarios y calidad de servicios. También son tentáculos que el Gobierno tiene como as bajo la mano para defender sus intereses. Y este Gobierno no ha sido la excepción.
¿El poder de Laura Sarabia está por acabarse?
Un elemento común en varias superintendencias como la de Servicios Públicos o Financiera es el puente que hace Laura Sarabia, la poderosa directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En varios casos, según ha conocido este diario, Sarabia hace de “puente” e informa al presidente Petro sobre decisiones o procesos puntuales.
Sin embargo, desde hace varios días se viene rumorando en los pasillos del poder que Sarabia saldría de Presidencia, pero no del Gobierno. Se reveló hace varias semanas que la relación entre Petro y Sarabia estaba deteriorada y que el mandatario le habría expresado su molestia en tono irónico de la cercanía de la funcionaria con el sector privado, particularmente con el Grupo Aval y la exministra María Lorena Gutiérrez, con quien adelanta proyectos conjuntos en La Guajira. ¿Se quedará solo el presidente en Palacio?
