Con el reciente anuncio del presupuesto nacional, el foco ahora se dirige al proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno colombiano hace dos semanas. Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte oposición en el Congreso, donde varios congresistas han manifestado que su futuro es incierto.
El senador Carlos Julio González, del partido Cambio Radical, destacó que el país atraviesa un momento crítico que no justifica una reforma tributaria de 12 billones de pesos. “Estamos en medio de una película inédita. La caída del debate sobre el presupuesto y los recortes drásticos que está realizando el Gobierno generan una incertidumbre que debe ser considerada. No es el momento adecuado para tramitar esta ley, especialmente sin conocer su verdadero impacto”, afirmó González.
Además, los congresistas han expresado su preocupación por el tributo al carbono propuesto en la ley, señalando que este impuesto podría llevar a incumplir acuerdos establecidos con los camioneros, un sector clave en la economía nacional. La advertencia se basa en el temor de que este nuevo gravamen aumente los costos operativos de los transportistas, generando un efecto adverso en la logística y el comercio.
La oposición a la ley de financiamiento no se limita a una sola bancada; múltiples partidos en el Congreso han cuestionado la necesidad de imponer más impuestos a los colombianos en un contexto donde la economía enfrenta serios desafíos. La percepción general es que se requiere un enfoque más holístico para abordar las dificultades fiscales, sin recurrir a una carga impositiva adicional que podría agravar la situación de las familias y los empresarios.
Con este panorama, la discusión sobre la ley de financiamiento se perfila como uno de los temas más candentes en el Legislativo, y su futuro queda en entredicho. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo fiscal del país y la respuesta del Gobierno a las inquietudes de los congresistas y de la ciudadanía en general.
Mientras tanto, el Gobierno deberá evaluar cómo negociar y modificar su propuesta para lograr un consenso que permita avanzar en un tema tan sensible como es la financiación del presupuesto nacional. La presión está sobre la mesa, y el tiempo corre.
Así mismo, el congresista, Richard Fuelantala, del Partido Aico, señaló que “dados los resultados del debate del Presupuesto General del 2025, es un indicador de que va a tener muchas dificultades en el trámite y sobre todo que el Senado de la República la vote negativo. Porque golpea el bolsillo de las personas naturales; reduce muy poco los impuestos a las empresas; plantea una grave modificación a la regla fiscal porque aumenta el endeudamiento; grava con IVA los juegos de azar en línea, lo que llevaría a empresas internacionales esas apuestas; y el impuesto al carbono que incrementa el precio de los combustibles y el gas en 550 pesos y pone en riesgo los acuerdos con transportadores luego del paro camionero”.
Ambiente en Cámara de Representantes
Posteriormente, el representante, Víctor Salcedo explicó que “esto va a tener muchas dificultades, es una ley con muchos tropiezos porque es impuesta por el Gobierno, ahora pretende imponer la ley de financiamiento para equilibrar cargas. El Congreso ya votó la ley de financiamiento de este cuatrienio y el país no aguanta más reformas tributarias. Votar la ley de financiamiento es una fractura a la economía, el alza del precio de los combustibles debió ser gradual, y la estrategia no les funcionó ni la política de los peajes ni la política del SOAT que también está desfinanciada y ahora quieren meterles la mano a los colombianos”.
Sobre el particular, la legisladora, Lina María Garrido, advirtió que “proponen esta iniciativa diciendo que buscan generar cambios que garanticen los recursos para las regiones del país, en particular para mi departamento de Arauca; sin embargo, con sorpresa desafortunada, se adjuntó un pliego de modificaciones que no fue socializado, y que, de manera descarada, arbitraria y abusiva, pone en riesgo la estabilidad del país y constituye un golpe a la democracia. Nuevamente, las “jugaditas” del llamado “Gobierno del cambio” dejan claro que su intención no fue conciliar ni concertar, sino crear un escenario de vicios, y vacíos”.
De la misma manera, el representante, Christian Garcés, expresó que “es la primera vez que yo veo en el Congreso de la República que, en las reuniones previas de estudio de esta ley, se modifican las inversiones regionales porque no se realizan por departamentos, sino que se hacen de manera generalizada y a puerta cerrada en la Comisiones Económicas. Lo que quiere decir que el Gobierno impuso la inversión en los departamentos con esta iniciativa, que no estamos dispuestos a apoyar, y que genera más impuestos con castigo a los departamentos”.
