Este lunes comenzó el último debate del proyecto que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) en la Plenaria de la Cámara de Representantes. La discusión sobre esta propuesta, que ha sido un tema clave en el Congreso de la República, se inició pasadas las 1:30 p.m., tras completar el quórum necesario para su instalación. Aunque inicialmente la sesión se había programado para las 11:00 a.m., la llegada tarde de algunos congresistas atrasó el inicio.
El proyecto de reforma, que tiene como objetivo fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, sigue generando controversia debido a los posibles impactos fiscales que podría acarrear. Durante la sesión, se discutió una proposición sustitutiva presentada por la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), quien argumentó que la implementación de esta reforma podría tener un costo fiscal de entre $218 billones y $263 billones (aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto – PIB). Además, la propuesta de reforma implicaría la necesidad de realizar nueve reformas tributarias de gran magnitud entre 2027 y 2035 para financiar las presiones de gasto generadas por la reforma.
A pesar de las objeciones presentadas, la proposición fue rechazada por una abrumadora mayoría (123 votos en contra frente a solo 8 a favor), lo que permitió que el debate continuara en torno a los elementos clave de la reforma.
El proyecto de ley busca modificar la asignación de los recursos del SGP, estableciendo que el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación destinados al sistema sea del 39,5% cada año, con un periodo de transición de 12 años para alcanzar esta meta. Esta modificación, aunque crucial para la autonomía territorial, ha generado preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las finanzas públicas a largo plazo.
Uno de los puntos más discutidos en el debate fue la plazo de presentación de la ley de competencias, que regulará los criterios de distribución de los recursos. En una versión anterior del proyecto, la Comisión Primera había propuesto un plazo de 12 meses para esta presentación, pero la versión actual establece un plazo de 6 meses, lo que ha generado disconformidad entre algunos congresistas y entes territoriales que demandan más tiempo para ajustar sus recursos.
El ambiente en el Congreso durante la discusión estuvo marcado por la presencia de varios gobernadores, quienes exigieron aclaraciones sobre el impacto fiscal de la reforma y su viabilidad. La intervención de estos líderes regionales puso de manifiesto la tensión entre la necesidad de fortalecer la autonomía de los territorios y los riesgos de una mayor presión fiscal.
La discusión sobre la reforma al SGP continúa siendo un tema clave en la agenda política del país, y su aprobación podría tener implicaciones significativas para el futuro de las finanzas públicas y la relación entre el gobierno central y las entidades territoriales. En las próximas horas, los legisladores deberán decidir si avanzan con la propuesta tal como está, o si realizan ajustes adicionales antes de su aprobación definitiva.
