El Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de conversación en su política de “paz total”. Este lunes se conoció una resolución con la que el presidente abre las puertas para conversar con los ilegales del Clan del Golfo.
Se trata de la Resolución 257 del 8 de julio de 2024. En ella, el presidente autorizó la apertura de un espacio de conversación “sociojurídico” con los ilegales del Clan del Golfo.
“El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley”, se lee en la resolución.
Para esta tarea, el Gobierno designó al politólogo Álvaro Jiménez Milán como su principal representante en esta mesa. La delegación oficial será completada con María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
El Gobierno también reconoció a seis voceros del Clan del Golfo y pidió suspender sus órdenes de captura, entre ellos a Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, el máximo comandante de ese grupo armado y José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, cabecilla del Bloque Roberto Vargas que operan en el Bajo Cauca de Antioquia.
De momento, el Gobierno parece que le cerró la puerta a una negociación con el Clan del Golfo y los ilegales tendrán que acogerse a las condiciones de un sometimiento. Este punto es clave porque las AGC han insistido en que se les conceda el estatus político para poder sentarse en la mesa.
El Clan del Golfo es la organización con más personas en armas y con mayor proyección de expansión territorial. Tiene confrontaciones armadas con la Fuerza Pública, con el ELN y con las disidencias de las FARC.
