El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó formalmente la renuncia de la consejera de regiones Sandra Ortíz, en medio del escándalo que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), específicamente en el caso conocido como «Carrotanques». También solicitó al secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, que se separe temporalmente de su posición mientras se desarrollan las investigaciones.
Estas decisiones se basan en las revelaciones hechas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien señaló presuntas irregularidades en la contratación de servicios para la gestión de emergencias, específicamente relacionadas con el caso conocido como «Carrotanques» en La Guajira.
Pinilla, en sus declaraciones, implicó a Ortíz como intermediaria en un presunto esquema de sobrecostos en la compra de camiones cisterna para La Guajira. Estos vehículos, según las denuncias, no cumplían con los estándares técnicos necesarios y estaban destinados a desviar fondos para garantizar el trámite de proyectos gubernamentales en el Congreso.
Por otro lado, las acusaciones contra Idárraga surgieron en el contexto de la defensa del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Su apoderado, José Luis Moreno, alegó posibles solicitudes indebidas de Idárraga a López, lo que podría indicar un tráfico de influencias.
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Ante estas revelaciones, Petro expresó su indignación y determinación de combatir la corrupción en su Gobierno. En un comunicado, el presidente enfatizó su compromiso de «cero tolerancia con la corrupción» y anunció la formación de una mesa técnica respaldada por la embajada de Estados Unidos para investigar el uso indebido de recursos públicos.
Las salidas de Ortíz y Idárraga representan un golpe significativo en el círculo cercano de Petro, pero también reflejan su voluntad de mantener la integridad y transparencia en su administración. Estos acontecimientos han generado conmoción en el país y resaltan la importancia de investigar a fondo las presuntas prácticas corruptas que afectan no solo al Gobierno central, sino también a las instituciones legislativas.
