Se cumplió este martes en Ocaña el primer día de la Audiencia de Reconocimiento por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo, promovida por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Fue un impactante cara a cara entre 61 víctimas y 11 victimarios, entre ellos un civil, esto es, 11 máximos responsables de los ajusticiamientos de jóvenes presentados como «guerrilleros muertos en combate», en esta convulsionada región del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
La audiencia fue presidida por las magistradas Catalina Díaz, co-relatora del Caso03 (asesinatos y desapariciones forzadas), y Lily Rueda, y los magistrados Óscar Parra y Alejandro Ramelli, de la Sala de Reconocimiento.
Como victimarios acudieron a esta audiencia los siguientes exintegrantes del Ejército Nacional:
-General (r) Paulino Coronado
-Coronel (r) Santiago Herrera
-Coronel (r) Rubén Darío Castro
-Teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo
-Teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado
-Mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro
-Capitán (r) Daladier Rivera Jácome
-Sargento segundo (r) Rafael Antonio Urbano
-Sargento segundo (r) Mauricio Pérez Contreras
-Cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez
-Alexander Carretero (tercero civil)
Cada «máximo responsable», destacó la JEP, fue decisivo en determinadas fases del plan criminal. Por ejemplo, algunos participaron en la selección de las víctimas, otros en su ejecución, otros fueron decisivos en la legalización de esas operaciones y otros en el encubrimiento de los crímenes.
Como víctimas, concurrieron a la diligencia: Eduvina Becerra, Sandra Barbosa, María Consuelo Daza, Villamir Rodríguez, Claudia Patricia Barrientos, Antonio María Peña… Así se presentaron, una a una, las 61 víctimas que llegaron al auditorio Jorge Pacheco Quintero, de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña.
Previo a las intervenciones por parte de las comparecientes, la magistrada Catalina Díaz leyó los nombres de las 120 víctimas de ‘falsos positivos’ en el Catatumbo, incluidos los 19 jóvenes de Soacha, Cundinamarca.
La apertura de la audiencia la realizó, de manera virtual, el presidente de la JEP Eduardo Cifuentes, quien advirtió que se concreto este encuentro por solicitud de las víctimas, como medida de reparación, de los daños que estos crímenes causaron en ellas, sus familias, comunidades y en su territorio.
"Quiero limpiar el buen nombre de los jóvenes Joaquín Castro Vélez, de Julián Oviedo Monroy, un hijo inocente; de Víctor Fernando Gómez, de Diego Alberto Tamayo, de Jaime Estiven Valencia, de Julio César Mejía, de Diego Armando Marín Giraldo, de Daniel Alexander Martínez…". pic.twitter.com/vzNJTEpeEa
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Luego la magistrada Catalina Diaz notificó: «Estamos aquí en la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los 11 imputados por la JEP como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas para ser presentados como bajas en combate».
Añadió que “la estigmatización de los habitantes del Catatumbo contribuyó a la comisión de los crímenes. El resarcimiento a las víctimas pasa, como ellas mismas nos lo han advertido, por el restablecimiento de su buen nombre”.
«Está clarísimo que (los falsos positivos) fueron un fenómeno macrocriminal en todo el país (…) los hubo en casi todas las unidades militares. Eran medidos por el número de bajas», advirtió la magistrada.
La JEP estableció que el asesinato de civiles y su presentación como falsas bajas en combate, por parte de los miembros de la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional, BRIM15, y del Batallón de Infantería No 15, BISAN, durante los años 2007 y 2008, constituyó un patrón de macrocriminalidad en el Catatumbo.
Eduvina Becerra fue la primera víctima del Catatumbo en tomar la palabra. Se trata de una mujer campesina de la Serranía del Perijá quien desde hace más 14 años busca verdad y justicia por el asesinato de su compañero Jorge Eliécer Ortega.
“Queremos que hoy, ante este público y ante el mundo y nuestro país, digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes o guerrilleros. Esperamos que todo esto se aclare”, manifestó Eduvina.
“Pedimos verdad y garantías de no repetición a lo que se viene haciendo con nuestros hermanos colombianos (…), que el gobierno no encubra más estos crimines que se están dando”, agregó
Sandra Barbosa Mora fue la segunda víctima que se dirigió a los comparecientes. “Hoy exijo que digan que no son guerrilleros, que eran campesinos”, manifestó tras relatar cómo fue el asesinato de su hermano Javier Peñuela.
María Consuelo, una docente que hace 14 años está en la búsqueda de verdad, justicia y buen nombre para su hermano Luis Alfonso Daza González, fue la tercera víctima que tomó la palabra en la Audiencia de Reconocimiento.
“Quiero que reivindiquen el nombre de mi hermano y de todas las víctimas de Norte de Santander, Soacha y el país entero», manifestó María Consuelo y tras pedir ser acreditada ante la UARIV, agregó: “Los tenemos para que no nos maten, sino para que nos cuidan y nos protejan”.
Soraida Navarro, intervino luego para exponer su caso. «Ustedes, unos miserables, un día nos arrebataron a nuestros seres queridos y hoy es el día en el que quiero expresar lo que llevo guardado hace 15 años. Todavía hay dolor que no he podido sanar», precisó Soraida Navarro.
“Quiero que esto no se vuelva a repetir. Que nuestros hijos y nietos no vuelvan a pasar por esto. Ya no hay lágrimas en los ojos porque hemos sufrido tanto (…). Yo quiero que ustedes no encubran más”, manifestó.
Soraida Navarro lleva 14 años buscando a su padre. “Quiero que esto no se vuelva a repetir. Que nuestros hijos y nietos no vuelvan a pasar por esto. Ya no hay lágrimas en los ojos porque hemos sufrido tanto (…). Yo quiero que ustedes no encubran más”, manifestó. pic.twitter.com/qjtDYDGB3d
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“Soy María Amparo Suárez, madre de Luis Alberto Sandoval, quien fue ejecutado por los que están sentados aquí ya que dieron órdenes de ejecución”. Así empezó la intervención esta madre, quien hace 14 años está en búsqueda de verdad, justicia y buen nombre para su hijo.
“Les pedimos reconocimiento propio y verdadero que limpie el buen nombre de seres con nombre y apellido. No era lo que ustedes dieron a conocer. Que se retracten por lo dicho sin justificación. A ninguno de ustedes les consta que nuestros familiares eran delincuentes”, puntualizó.
Claudia Patricia Barrientos, una joven residente del Catatumbo, que busca justicia y esclarecer la muerte de su hermano Javier Barrientos Bautista, declaró:
A continuación tomó la palabra Antonio María Peña, un campesino proveniente de la región de El Tarra que perdió dos hermanos en esta práctica criminal y durante la audiencia en nombre de su familia, para contar la lucha que emprendió en busca de justicia.
“¿Se vistieron uniforme para asesinar campesinos humildes? ¿Cuántos eran los beneficios que daban el Estado para matar un civil?”, comenzó diciendo.
“Reparen la verdad, que haya justicia y que nuestro nombre no quede manchado”, les dijo Peña a los comparecientes para luego advertir: “Es bonito saber que los señores nos reconozcan a nosotros, las madres de Soacha, los nortesantandereanos”
“Me da miedo decir cuando me paran en carretera que vengo de El Tarra, Tibú, Convención. De una preguntan: ¿De qué frente es? ¿A qué organización pertenece? Nosotros venimos de nuestras veredas, de nuestros pueblos”, recalcó Barrientos.#JusticiaParaElCatatumbo pic.twitter.com/weK9a9HaBg
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“Mi hermano era un paciente psiquiátrico”, empezó diciendo Álvaro Marulanda, un abogado que desde hace 14 años está en la búsqueda de verdad, justicia y buen nombre de su hermano Martín Marulanda Calixto.
“Ustedes son un deshonor para la patria y el Ejército Nacional”, les dijo Álvaro Marulanda. Oficiales en retiro, no tengan miedo de destapar esta empresa criminal (…)”, precisó Marulanda.
VIVIO PARA CONTARLO
Villamir Rodríguez es la única víctima sobreviviente del caso. A través de un video expuso lo que vivió y sobrevivió para contarlo.
El relato de Villamir Rodríguez encontró respuesta en el auditorio. “Quiero reconocer y limpiar su nombre en totalidad. Los hechos fueron desarrollados por la BRIM15. Por el capitán Weimar Navarro”, le señaló el capitán (r) Daladier Rivera Jácome.
El capitán (r) Daladier Rivera Jácome le pidió a Villamir Rodríguez ponerse de pie y le expresó:
Todo “ocurrió como usted acaba de narrar. Quiero aclararle al mundo y los colombianos que usted no era ningún combatiente. Vengo a limpiar su nombre”.
Al empezar su intervención el capitán (r) Rivera Jácome manifestó: “Acudo con el fin de reconocer mi responsabilidad como máximo responsable a título de coautor por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Me declaro responsable frente a los hechos y lo que me imputa la JEP”.
El reconocimiento se extendió: “Soy responsable de que usted estuviera detenido. Yo elaboré falsos documentos de inteligencia que puse a disposición de la Fiscalía”, señaló el capitán, tras reconocer que pagaron para que desmovilizados declararan en su contra.
Finalmente, Rivera Jácome señaló: “Solo quiero pedirles que el nombre de todas sus familias sea resarcido y reconocido. Ninguno de sus familiares era un bandido, no eran combatientes”, y agrego “que Dios me bendiga y me perdone”.
El coronel (r) Santiago Herrera, expresó: “Con toda la vergüenza y encogimiento, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas reconozco que mientras se ejercía ese cargo (comandante) operó al interior de la Brigada móvil 15 una estructura criminal de facto”, empezó diciendo .
El excomandante del BRIM15 relató que “esos homicidios de civiles inocentes en situación de indefensión fueron falsas bajas en combate y tuvieron la sistematicidad que constituyó un patrón criminal al interior de la brigada”.
“Este lamentable pacto criminal fue conformándose por algunos de los miembros de la unidad militar bajo mi mando (…), a medida que yo iba presionando a mis subalternos para que obtuvieran los resultados en términos de bajas en combate a como diera lugar”, indicó Herrera.
“Presionaba mediante programas radiales diarios, comunicaciones directas con comandantes, competencia entre unidades por mayor número de resultados, amenazas en anotaciones negativas, con permisos, viajes y planes de bienestar”, admitió el coronel (r) Herrera.
Hoy el país continúa escuchando en audiencia pública de la JEP los reconocimientos de verdad de los 10 miembros del Ejército y el civil imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del caso que investiga 'falsos positivos' en el Catatumbo.https://t.co/Zk7c1tClKU
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El excomandante del BRIM15 concluyó: “Deploro y ofrezco perdón por los daños morales y emocionales a la salud mental y física que les causaron los asesinatos de sus seres queridos, revictimizándolos al señalarlos de terroristas”.
Por su parte, el coronel (r) Rubén Darío Castro Gómez declaró: “Vengo a reconocer que siendo jefe de Estado mayor de la BRIM15 existió una banda criminal al interior de la Brigada de la cual tuve conocimiento, que no denuncié, ni investigué”.
“Reconozco que todos los asesinatos que se me imputan y que cometieron mis subalternos fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad como me lo imputó la JEP”, agregó el compareciente y habló sobre la estigmatización de la región.
En su intervención, el excomandante del BRIM15 dijo: “Soy consciente de que todavía hay mucho camino por recorrer”, y agregó que los encuentros previos que fomentó la JEP con las víctimas le permitieron “entender que ellas tienen muchos vacíos por llenar”.
“Acepto mi responsabilidad por las ejecuciones de 2008, cuando era comandante, porque continué ejerciendo estas políticas del comandante del Ejército para la época, el general Mario Montoya, de mostrar resultados a como diera lugar”, afirmó el coronel (r).
El coronel (r) Castro añadió: "Continué con la exigencia de pedir resultados operacionales a como diera lugar y siempre representados en bajas en combate porque de esta forma era calificado por el comando de la Segunda División y el comando del Ejército".#ReconocerParaNoRepetir pic.twitter.com/MjeAWdzZa8
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Y pidió perdon «por poner en tela de juicio la imagen de sus familiares, por presentarlos como delincuentes cuando no lo fueron».
Mayra Alejandra Jaimes fue la octava víctima que toma la palabra.
“Perdón por poner en tela de juicio la imagen de sus familiares, por presentarlos como delincuentes cuando no lo fueron (…), perdón por el daño y lo que tuvieron que vivir para poder recuperar sus cadáveres y las necesidades durante estos 14 años”: coronel (r) Rubén Darío Castro pic.twitter.com/twtGCnQFn8
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El mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro pidió «perdón por estos crímenes de lesa humanidad que cometí (…), pido perdón por las actividades atroces que cometí, encubrí y que tapé”.
“Me arrepiento de corazón de haber mancillado el nombre de ustedes y quiero que sepan que esos asesinatos que realizó el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, cuando fui oficial de operaciones, eran personas de bien. Eran campesinos”, agregó Juan Carlos Chaparro.
El mayor (r) Chaparro declaró, además: “Yo generaba documentación con las mentiras que a mí me daban. Yo nunca verifiqué, ahondé, ni fui más allá de lo que estaba pasando (…). Lo único que me importaba a mí era que la documentación, así fuera mentirosa, estuviera”.
“Me arrepiento de corazón de haber mancillado el nombre de ustedes y quiero que sepan que esos asesinatos que realizó el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, cuando fui oficial de operaciones, eran personas de bien. Eran campesinos”, agregó Chaparro.
Al final de su intervención, el jefe de operaciones del BISAN manifestó: “Le fallé a mi país y a la institución. No cumplí con mis funciones”, para después recalcar: “Hace 15 días tuvimos un encuentro con las víctimas y entendí el daño tan terrible y cruel que les hicimos”.
El cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar: “Yo reconozco mi responsabilidad a título de coautor de crímenes de guerra y lesa humanidad (…). No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos”.
«Asesinamos personas inocentes. Campesinos. Uno de mis compromisos cuando me reuní con las víctimas fue aclarar todo. Que los que asesinamos eran campesinos. El fenómeno criminal se dio en el Catatumbo entre 2007 y 2008», señaló el excomandante de escuadra en la BRIM15.
«Había una presión. Nos exigían dar resultados (…), había que buscar resultados como fuera y teníamos contacto con grupos de paramilitares de la región, sobre todo de Aguachica, para conseguir armas», subrayó.
«La lista que elaboré en El Carmen (Norte de Santander) fue de 14 con la ayuda de María Eugenia Ballena. A ella le pagaban por cada persona que entregaba (…). Yo no pensaba en el daño que estaba causando», agregó.
El cabo (r) Gutiérrez le habló directamente a Sandra Barbosa y al país: "Javier Peñuela era un campesino que se levantaba a las 5:00 a.m. a trabajar y su pecado fue ir con un dolor de muela a pedir que se la sacaran".#JusticiaParaElCatatumbo pic.twitter.com/8AeOhsIyx5
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“Asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por una presión de unos falsos resultados, por tener contento a un Gobierno. No es justo, no es justo”, señaló Gutiérrez, tras leer el nombre de las víctimas.
“Que quede claro. Manchamos la región del Catatumbo. Dañamos el buen nombre de la región. Manchamos los nombres de estas familias. Cometimos crímenes de guerra y lesa humanidad. Yo acepto la responsabilidad. También pido perdón a Dios, mi familia e hijos”, concluyó Gutiérrez.
Este miércoles se cumple la segunda jornada de la audiencia en Ocaña, comenzando con la intervención del General retirado Paulino Coronado, excomdante de la brigada 30 del Ejército, con sede en Cúcuta.
Con la Audiencia de Reconocimiento no se cierra el Caso03 que investiga ‘falsos positivos’ en el Catatumbo, aclaró la JEP. Después de esta diligencia la JEP evaluará los reconocimientos y emitirá la Resolución de Conclusiones para que el Tribunal de Paz imponga las sanciones que corresponden, precisó.
