El Departamento de Prosperidad Social emitió este martes un comunicado en el cual confirma que Francia Elena Márquez Mina, actual candidata a la vicepresidencia de la República «efectivamente figura como titular de un hogar beneficiario del programa Ingreso Solidario, desde abril de 2020 hasta el presente corte», hecho que se le otorgó por su condición económica y solo se le retirará si certifica que su condición socio-económica ha cambiado.
Al respecto, Prosperidad Social hace las siguientes precisiones:
El hogar de la señora Márquez ha recibido hasta ahora 25 pagos correspondientes a los giros del programa: 23 mensuales de 160.000 pesos, hasta diciembre 2021; y uno bimestral, este año, de 380.000 pesos. Eso equivale a 4.060.000 pesos, que han sido depositados en la cuenta registrada para ello. De acuerdo con el manual operativo del programa, a la fecha, el hogar de la señora Márquez no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiario activo del programa.
Ingreso Solidario incorporó a sus beneficiarios a partir de la información actualizada de hogares en las bases de datos del Sisbén III. Excluyó a beneficiarios de otros programas de transferencias monetarias, y cruzó la información con otras bases de datos, como PILA y pensionados. Así identificó a las familias en mayor estado de vulnerabilidad. Esto lo hizo, al inicio del programa, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que estaba entonces a cargo de su administración y que tiene a cargo la Base Maestra de información del programa.
Para la operación de 2022, el programa tomó la información del Sisbén IV, para ampliar la cobertura del programa en los hogares en situación de pobreza extrema.
La Base Maestra, construida por el DNP, está alimentada con las encuestas de Sisbén IV y del III, para incluir a la mayor cantidad de hogares posibles en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. La encuesta de Sisbén IV no estaba suficientemente actualizada cuando comenzó el programa. No tener hoy una encuesta de Sisbén IV no es causal de retiro del programa. Muchas alcaldías que no han avanzado suficiente en la encuesta Sisbén IV, por lo que no sería justo que esta fuese la única medida.
La entidad hace un llamado a los titulares de hogares que hayan superado la situación de pobreza o vulnerabilidad a la que responde la operación del programa, para que, si no ha sido actualizada su situación en los sistemas de información, notifique, para que la transferencia monetaria pueda ser asignada a un hogar que no haya superado las condiciones provocadas por la crisis social generada por la pandemia. Todos los hogares beneficiarios pueden actualizar, en cualquier momento, los datos de su encuesta Sisbén, para ayudar al Estado a contar con información actualizada sobre su situación socioeconómica y favorecer la focalización de los recursos en los más necesitados de las ayudas sociales de la Nación.
La entidad, además, se permite recordar su pronunciamiento del 1 de marzo pasado, sobre el uso de los programas en campañas políticas y el uso de la información confidencial:
-Las bases de datos de los programas de transferencias monetarias no son públicas: todas gozan de reserva legal y no pueden ser compartidas ni utilizadas por terceros.
-Prosperidad Social cuenta con un mapa de riesgos ante cualquier presunta filtración de información confidencial, y toma con ello las acciones e investigaciones necesarias para garantizar la custodia y debido tratamiento de los datos personales. Siempre garantiza en sus contratos que los operadores de sus programas sociales y las entidades responsables de la entrega de sus recursos tengan la obligatoriedad que les asiste de cumplir con los compromisos de confidencialidad de la información, especialmente en períodos preelectorales.
Esto, so pena de incurrir en violaciones a disposiciones constitucionales y legales con sus correspondientes consecuencias jurídicas.
Ingreso Solidario fue creado por el Gobierno nacional, en abril de 2020 (Decreto 518 de ese año), para responder a los impactos de la pandemia en la situación de los hogares más vulnerables del país. La ley de Inversión Social (Ley 2155 de 2021) permitió extenderlo hasta finales de 2022.
