El Ministerio Público determinó en su análisis, con corte al 30 de marzo de 2022, que 728 de estos casos son de mayor relevancia y con las principales tipologías:
Faltas disciplinarias de funcionarios públicos.
Irregularidades en puestos de votación.
Indebida propaganda electoral.
Constreñimiento al elector.
En un primer análisis, la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral de la Procuraduría, presidida por la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, detectó cuatro presuntas fallas que se presentaron de manera recurrente durante la jornada de votaciones y en los procesos posteriores, que serán objeto de análisis con incidencia disciplinaria:
Transmisión de datos el día de las elecciones.
Inscripción de cédulas electrónicas.
Página Web de la Registraduría.
Capacitación de los jurados de votación.
Frente a este panorama, la Procuradora Margarita Cabello Blanco designó un equipo élite, conformado por expertos de tres procuradurías delegadas, para que determine las acciones disciplinarias a las que haya lugar y realice las investigaciones pertinentes en cada caso.
Procuraduría ejerce vigilancia permanente a los escrutinios
La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones preventivas, instó en su oportunidad a las autoridades electorales para tomar las medidas tendientes a garantizar un proceso transparente y confiable. Pasada esa oportunidad, corresponde ahora el estudio riguroso de omisiones y responsabilidades particulares de quienes tienen el deber funcional en cada caso en estudio.
En el tema específico de resultados electorales, si bien los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el preconteo, que se ponen de manifiesto a la opinión pública a través de boletines, de acuerdo con lo manifestado por el Consejo de Estado, son eminentemente informativos y no tienen la calidad de documentos electorales, por lo que es posible que la información suministrada en los mismos no coincida con los resultados finales arrojados en los escrutinios.
De esta manera, se deben tener en cuenta los resultados que obran en las actas de escrutinio y no los de los boletines informativos, sin descuidar que la realidad de este proceso ha detectado que los errores y fallas reportadas han generado cuestionamientos que, sin duda, afectan al proceso.
Es importante destacar que los escrutinios de las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares, dirigidos por los jueces de la República, son el escenario para que los testigos electorales, los candidatos y/o sus apoderados y los agentes del Ministerio Público presenten sus reclamaciones, con fundamento en las causales previstas en las normas vigentes. Este escrutinio se realiza en audiencias públicas y ya ha terminado en las 16 CITREPs y en 28 de las 33 circunscripciones territoriales del país, faltando Bogotá, cuatro (4) Departamentos y la consolidación de la votación en el exterior.
El Ministerio Público, a través de sus procuradores judiciales, territoriales y los personeros, ha estado y seguirá presente hasta la terminación de los escrutinios en las diferentes comisiones escrutadoras, ejerciendo la vigilancia, intervención y resolución de quejas; así como frente al diligenciamiento de las actas de escrutinio de mesa, hecho que, se insiste, debe ser corregido durante el escrutinio que se encuentra actualmente en curso y en la última instancia del escrutinio nacional, a cargo del Consejo Nacional Electoral.
Por ello, sin perjuicio de las indagaciones e investigaciones que se encuentran en estructuración, derivadas del proceso electoral del pasado 13 de marzo, la Procuraduría mantiene activa su función preventiva respecto de las elecciones presidenciales, con miras a que se corrijan y resuelvan los errores ya identificados; se brinden las garantías en materia de jurados y testigos electorales y, en general, un proceso transparente y confiable para todos los colombianos.
