Las elecciones presidenciales francesas tendrán lugar los días 10 y 24 de abril de 2022. ¿Quién sucederá a Emmanuel Macron en el Elíseo? Para seguir a los candidatos y comprender los grandes temas de la elección, siga nuestra cobertura.
McKinsey, la polémica que reaviva la campaña presidencial francesa
En vísperas de las elecciones presidenciales francesas, el bando del presidente francés Emmanuel Macron, candidato a su propia reelección, intenta desactivar la polémica sobre el uso de consultoras, en particular la consultora McKinsey, que fue señalado a mediados de marzo por un informe del Senado. Para los adversarios del presidente-candidato, este asunto es un símbolo de su connivencia con el mundo empresarial.
Atrapado a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en la tormenta «McKinsey», el Ejecutivo francés trata de defenderse como puede. El uso de empresas consultoras es «habitual y útil», insistieron dos ministros durante una larga rueda de prensa el miércoles 30 de marzo. Sin embargo, esto no fue suficiente para acallar la creciente controversia sobre la firma McKinsey & Company, señalada por un informe del Senado que denuncia un «fenómeno tentacular».
El texto, presentado el 16 de marzo por la comisión de investigación del Senado, reporta la «dependencia» del actual Gobierno de las consultoras y la optimización fiscal practicada por la empresa estadounidense. Así, los gastos de consultoría de los ministerios han subido de 379,1 millones de euros en 2018 a 893,9 millones en 2021.
«El fiasco de la misión de McKinsey sobre el futuro de la profesión docente», «el reparto de contratos durante la crisis sanitaria» o la utilización de la firma McKinsey pese a las dudas sobre su situación fiscal son unos ejemplos de una «opacidad» que refuerza el «clima de desconfianza», lamentaron los senadores de la comisión de investigación en un comunicado.
France 24 hace un repaso de esta polémica, que algunos ya llaman el «McKinseygate» y que llega en el peor momento para Emmanuel Macron.
- ¿Por qué recurrir a McKinsey?
La consultora estadounidense, apodada «The Firm», está presente en unos sesenta países. En Francia, sus oficinas se encuentran en la capital París y en la ciudad de Lyon. McKinsey ofrece asesoramiento y recomendaciones a los agentes privados y públicos sobre diversos temas. El gobierno de Castex habría utilizado de manera excesiva este asesoramiento, como lo señala el informe del Senado publicado el 17 de marzo. «El uso de consultores se volvió ahora algo natural», afirma el documento, ya que estas empresas están, según los senadores, «en el centro de las políticas públicas». En total, sólo para el año 2021, los gastos de consultoría por parte de los ministerios alcanzaron los 893,9 millones de euros.
Prestaciones sociales, Covid-19… ¿De qué reformas se trata? En concreto, el Gobierno recurrió a McKinsey para la reforma del método de cálculo de la asistencia para el alojamiento (3,8 millones de euros), la gestión de la campaña de vacunación Covid-19 (12,3 millones de euros) o la organización de un seminario internacional encargado por el Ministerio de la Educación Nacional (496.800 euros), que finalmente se canceló debido a la pandemia.
También se trató de la controvertida reforma de las pensiones. Un informe había sido preparado para prepararla por 950.000 euros antes de que fuera finalmente aplazada.
- ¿Por qué se critica a McKinsey?
Además de la pertinencia y utilidad de estos contratos, fuertemente contestadas por la oposición desde la publicación del informe, la fiscalidad del grupo es la que fue fuertemente criticada, llegando los senadores a calificarla de «ejemplo caricatural de optimización fiscal».
Aunque McKinsey está sujeta al impuesto para las sociedades en Francia, «sus pagos han sido de cero euros durante al menos diez años» (entre 2011 y 2020), dice el informe. Sin embargo, «emplea a unas 600 personas y su volumen de negocio en el país europeo alcanzó los 329 millones de euros en 2020, de los cuales alrededor del 5% corresponderá al sector público».
En un artículo publicado el miércoles, el periódico Le Canard enchaîné añade que los «elevadísimos honorarios que McKinsey France paga a la empresa matriz» deberían haber alertado a la Dirección General de las Finanzas Públicas (DGFiP). También conocidos como «precios de transferencia» (precios de las transacciones entre empresas del mismo grupo, pero residentes en países diferentes), estas tasas están, «en principio, estrictamente controladas por la DGFiP».
«McKinsey utiliza un mecanismo de optimización fiscal muy popular entre muchas multinacionales: la declaración de los «precios de transferencia» de sus entidades en Francia a la empresa matriz con sede en Delaware, un paraíso fiscal», denuncia Oxfam Francia. Para la ONG, «la empresa asegura que muchos gastos, como los de administración general o la provisión de personal, aparecen como gastos en la contabilidad de la empresa y le permiten reducir a cero su impuesto de sociedades.
- ¿Cómo se defiende McKinsey?
Ante el escándalo, McKinsey afirmó que cumplía «todas las normas fiscales y de seguridad social francesas aplicables» y dijo que había pagado el impuesto de sociedades «en los años en que la empresa obtuvo beneficios en Francia». Esto es lo que dijo el jefe de una filial francesa en una declaración jurada el pasado mes de enero, y que se menciona en el informe del Senado.
El viernes 25 de marzo, el Senado anunció que había remitido el asunto a los tribunales por «sospecha de perjurio».
- ¿Qué relación tiene con Emmanuel Macron?
Los vínculos entre el actual jefe de Estado y la consultora se señalan en la investigación de Le Monde.
Varios asesores o ex asesores de la firma que habían participado voluntariamente en la campaña del candidato Macron en 2017 han integrado luego cargos dentro de sus Gobiernos, según el diario.
- ¿Cómo se defiende el bando de Macron?
Macron pasó el domingo a la ofensiva para apagar cualquier polémica. El presidente candidato reafirmó que recurrir a las consultoras existía bajo los mandatos de los expresidentes Nicolas Sarkozy y François Hollande, y que se inscribe en el marco estricto del procedimiento legal de las licitaciones.
«No hay contrato que se apruebe en la República sin respetar las reglas de la contratación pública: licitación, transparencia, responsabilidad de los que firman…», dijo el domingo 27 de marzo en el canal de televisión France 3. «Existe la impresión de que hay trucos, lo cual es falso. Existen normas de contratación pública. Francia es un país de derecho», insistió. Que los ministerios, que están «día y noche trabajando», se apoyen en «proveedores de servicios» para ayudarles, «no me choca».
Ante el temor de que los poderes públicos dependan de ciertas consultoras, la ministra de Transformación y Función Pública, Amélie de Montchalin, recordó el miércoles en rueda de prensa que «ninguna consultora ha decidido ninguna reforma y la decisión corresponde siempre al Estado».
«No hemos renunciado a nuestras responsabilidades», dijo, y añadió que la práctica es «generalizada», «habitual» y «útil» en la «mayoría de los casos».
McKinsey representa el 5% de los gastos de consultoría estratégica del Estado, según el ministro de Cuentas Públicas, Olivier Dussopt. Y el gobierno, a su vez, representa el 5% de la facturación de McKinsey, añadió.
«La situación fiscal de McKinsey está protegida por el secreto fiscal, nuestros servicios han iniciado una auditoría a finales de 2021», dijo, declinando comentar el resultado o las posibles consecuencias de esta auditoría. «No hay nada que ocultar».
- ¿Es necesaria la revisión del uso de las empresas de consultoría?
Nada que ocultar, pero hay que hacer ajustes, reconoce Amélie de Montchalin. Aunque «el Estado está perfectamente dispuesto a recurrir a empresas de consultoría en determinadas circunstancias», la ministra admitió que es necesario introducir mejoras.
Montchalin quiere «rearmar el Estado para reforzar sus competencias internas» y planea «reducir el uso de servicios de consultoría externos en al menos un 15%» a partir de 2022.
