En la Fiscalía Delegada ante la Corte hay varias indagaciones preliminares que se abrieron contra el registrador Nacional, Alexander Vega, por presuntas irregularidades en el proceso electoral.
Fuentes indican que una de esas indagaciones preliminares tiene qué ver con los contratos que se firmaron entre la Registraduría Nacional y la firma española Indra para la divulgación del preconteo de votos y el escrutinio nacional, en el marco de las elecciones.
Presunto fraude electoral
De otro lado, en la Dirección Especializada contra la corrupción también se abrió otra indagación por presunto fraude electoral, denuncia que interpuso el abogado Sergio Alzate.
Esa indagación contra funcionarios aún por determinar fue asignada a la Fiscalía 74 del Eje Temático contra los mecanismos de participación democrática.
La primera es la supuesta habilitación a que jurados de votación votaran doblemente. Esa irregularidad que advierte, sin embargo, deberá soportarla.
Después amplió en un segundo momento un presunto fraude a resolución judicial –del Consejo de Estado– en cuanto a la contratación de los software Disproel e Indra, ya que se exigía, expuso, solo un software que diera trazabilidad y fuera propiamente de la Registraduría.
“El registrador, conociendo esta sentencia, y teniendo el presupuesto para hacerlo, prefirió alquilar el software de preconteo y el de escrutinio general a la empresa Disproel; y el de escrutinio nacional a Indra. Ambos softwares hacen lo mismo, entonces hubo una duplicidad en el contrato”, advierte el denunciante.
Esto, según sus palabras, en caso de probarse totalmente configuraría el fraude y la celebración indebida de contratos.
El hecho más reciente es el tercero, y es que fueron aportadas a la Fiscalía 365 archivos con pruebas en la alteración en los resultados electorales, otro proceso que tiene abierto esta misma persona en contra del registrador.
El lío judicial que tiene en vilo el puesto de Vega en la Registraduría
Consejo de Estado entra en la recta final para decidir si hubo falencias en elección como Registrador.
El registrador Alexander Vega no ha terminado de sacudirse de la controversia política que dejó el conteo de votos –por el que partidos como Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde pidieron su renuncia– y ya tiene que enfrentar un proceso judicial que inexplicablemente venía dormido en el Consejo de Estado y que podría removerlo del cargo.
La raíz de la posible destitución es precisamente su elección como registrador en el año 2019, la cual estuvo rodeada de presuntas irregularidades que llevaron a demandar el proceso.
En el alto tribunal reposa un expediente desde hace dos años que no se ha resuelto por diversos trámites, réplicas e impedimentos. No obstante, EL COLOMBIANO conoció que por fin la demanda entrará en su recta final, solo a la espera de que la Procuraduría emita su concepto.
Con este panorama, se estima que a las 5 de la tarde de este viernes se cierre una fase, y el lunes a primera hora el expediente completo esté en el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez, de la Sección Quinta del tribunal.
Las dos demandas –reunidas en un solo dossier– atacan de forma directa dicha elección al pedir que se anulen los actos de nombramiento, confirmación y posesión del registrador. La síntesis de los demandantes es que en el proceso hubo supuestas actuaciones que violaron el orden institucional establecido, acto por el que se le pidió al Consejo que lo removiera del cargo provisionalmente, proceso que fue negado.
Sin embargo, el veredicto final que dicte el magistrado lo recibirá Vega luego de recibir varios reparos por el manejo al escrutinio al Congreso, pues se echó para atrás a la hora de solicitar el reconteo de votos al Senado, cosa que había pedido 24 horas antes, el festivo pasado.
Dudas que rodean a Vega
El manejo que este abogado de profesión le ha dado al preconteo y al escrutinio –como director de la entidad electoral– ha dejado un mar de incertidumbres que lo han acompañado desde antes de su elección.
De hecho, Carolina Munévar y Camilo Enciso, dos de las demandantes, cuestionaron el proceso de selección al encontrar posibles inconsistencias en el concurso de méritos para los 54 aspirantes, y en las entrevistas que llevaron a que los entonces presidentes de las tres altas cortes escogieran con 738.423 puntos a Alexander Vega como el reemplazo del exregistrador Juan Carlos Galindo.
Quienes lo escogieron fueron los presidentes de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz; de la Corte Suprema, Álvaro García; y del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez. Esta última salvó a Vega la magistratura en el Consejo Nacional Electoral, al resolver un caso a su favor con el que pretendían sacarlo del cargo en 2015.
Siga la transmisión en directo de la #RuedaDePrensa sobre la elección del Registrador Nacional
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