Al mismo tiempo que el presidente Gustavo Petro declaró día cívico este viernes 19 de abril, primero para ahorrar agua y pedirle a los ciudadanos de Bogotá “irse a otras cuencas hídricas”, y después para celebrar “el día de la rebeldía” en coincidencia con su cumpleaños y una fecha clave en la creación del M19, las autoridades anunciaban el desarrollo de tres líneas de investigación en su contra y de sus alfiles más cercanos por la supuesta financiación irregular y no registrada en la campaña presidencial.
El escenario a tres bandas, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, deja al mandatario por lo menos en una situación incómoda porque vendrán declaraciones, pruebas y llamados a testigos en lo administrativo y lo penal, para que expliquen por qué aparentemente hubo gastos y cuentas que no fueron registradas como la ley lo exige.
Las conclusiones, sin embargo, están lejanas. Y el anuncio de las investigaciones pueda darle batería al discurso presidencial de un “golpe blando” o un intento de sacarlo de poder que hace eco cuando hay tantas críticas a su mandato. Luego de que se conocieron las primeras noticias sobre la financiación, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, trinó: “Al presidente lo quieren tumbar”.
Como ha sucedido antes en el preámbulo de decisiones de las autoridades que lo afectan, el presidente podría girar de nuevo hacia la radicalización de su discurso cuando parecía que las aguas estaban más calmadas: el Senado aprobó en plenaria de segundo debate el grueso de la reforma pensional, y el Gobierno convocó a una conversación a las EPS para generar consensos sobre los cambios en el sistema de salud.
Esta semana Petro solo se refirió a la constituyente una vez, luego de una entrevista en la que dijo que “importaba más el contenido que la forma”. La gran pregunta es qué pasará luego del domingo, si la manifestación convocada por múltiples sectores ciudadanos críticos de su administración es masiva. Por ahora, estos son los caminos que empiezan a cerrar el laberinto de la financiación de su campaña.
La investigación en el CNE
Los investigadores Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada ya tienen lista una ponencia en la que pedirán a la sala plena del Consejo Nacional Electoral, compuesta por ocho magistrados, formular cargos en contra del propio presidente, del entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy al frente de Ecopetrol, y de los auditores que debían revisar las cuentas registradas y aprobarlas para detectar cualquier irregularidad.
La almendra de esa investigación está basada en las cuentas de los vuelos que realizó la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI). El presidente de esta empresa es Eduardo Restrepo Bardon y su gerente general, Sonia Lorena Restrepo, según aparece en el registro mercantil. SADI, una compañía dedicada al transporte aéreo nacional de carga y de pasajeros, resultó realizando varios de los vuelos que llevaron al presidente Gustavo Petro a las giras de su campaña por las regiones del país. En esos vuelos iba también su equipo más próximo de colaboradores y quienes en ese momento eran candidatos al Congreso de los partidos que apoyaban la campaña de Petro.
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La historia de SADI es relevante porque uno de sus pilotos, también llamado Carlos Eduardo Restrepo Osorio, terminó vinculado a unos cargos por narcotráfico en Estados Unidos y a la incautación de una aeronave en Providencia cargada con 400 kilogramos de cocaína en 2021. Restrepo Osorio aceptó los cargos y, según aseguran fuentes que conocen la historia, inició un proceso de colaboración con agencias americanas para evitar pagar una condena de más de 11 años de prisión. Si bien ese caso no está relacionado con la financiación de la campaña; el narcopiloto publicó un comunicado señalando que había renunciado antes a SADI, sí quedan interrogantes pendientes sobre por qué la campaña del presidente eligió a esta empresa para realizar los vuelos.
En su momento, el Pacto Histórico publicó un comunicado señalando que los servicios se habían contratado directamente con el representante de la empresa Restrepo Bardon, y no con ningún piloto en específico.
Con ese contexto problemático, el Consejo Nacional Electoral pidió registros de todas las cuentas y las transacciones de SADI a los bancos para revisar su contabilidad y hacer la traza sobre los gastos de la campaña en los traslados aéreos. De hecho, una situación particular que marcó una controversia durante la investigación, fue que los magistrados pidieron a Ricardo Roa su declaración de renta del 2022, y los abogados se negaron a enviarla.
Para solicitar llamar a una formulación de cargos, los magistrados debieron haber encontrado irregularidades inexplicables entre los registros oficiales de los gastos de la campaña y los gastos reales con SADI. En ese caso, se reportó que la campaña contrató servicios por 5.629 millones de pesos.
La investigación del CNE tiene otras aristas. El tribunal también indagaba por el aporte de 500 millones de pesos de Fecode, presuntamente a la campaña individual del mandatario aunque los gastos fueron reportados a la campaña del Pacto Histórico. Pero, sin duda, el elemento más adelantado y sobre el que se decretaron más pruebas, es el que tiene que ver con los vuelos de la Sociedad Aérea de Ibagué.
Los votos
Las cuentas son claras y podrían llevar a que el CNE tenga que llamar a conjueces. Hay tres magistrados que son cercanos al Gobierno y que con certeza votarán en contra de la formulación de cargos: Alba Velásquez, Fabiola Márquez y Cristian Quiroz. Con esas cuentas quedan cinco magistrados que podrían tener una decisión en la línea de la formulación. Estos son: Prada y Ortíz, los investigadores, César Lorduy que viene de Cambio Radical, Maritza Martínez, quien fue congresista de La U y hoy es la presidenta del tribunal. Y el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras.
La decisión estaría prácticamente en manos de Lorduy y Martínez, pero aún si los cinco magistrados deciden estar a favor de la ponencia, no alcanzan los votos. Esto significa que tendrían que llamar a conjueces para poder configurar las mayorías y que estos resuelvan el nudo en la definición. Si los conjueces deciden, como opinan los investigadores, que hay suficientes méritos para la formulación de los cargos, entonces Ricardo Roa tendría que enfrentarse a la acusación por su responsabilidad de gerente de campaña, y sobre el presidente Gustavo Petro los expedientes tendrían que ser enviados a la Comisión de Acusación de la Cámara.
La Comisión de la Cámara
En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es poco probable que algo ocurra. No hay registros en la historia del Congreso de una decisión de la Comisión contra un presidente, ni siquiera para el caso de Ernesto Samper, por lo que es predecible que el proceso de la campaña Petro quede archivado. Esto no quiere decir que el desarrollo de la investigación no genere un ruido que impacta en Casa de Nariño. Hasta la Comisión llegó en las últimas horas el presidente de Ecopetrol que se enteraba al tiempo de la posible formulación de cargos en su contra en el CNE. Roa, visiblemente incómodo, dijo a la prensa que sus abogados le impedían dar declaraciones públicas porque la investigación tenia carácter de reserva.
Pero quien sí lo hizo por primera vez y desató las reacciones inmediatas en todos los medios, fue el conocido empresario del alumbrado público, los Centros Automovilísticos y, ahora, los paneles solares, Euclides Torres. En un comunicado de seis puntos, Torres, con una familia enquistada en la política de Bogotá y el Atlántico y millonarios contratos con el Gobierno, dijo que “los señalamientos hechos desde diferentes sectores sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato”.
Eso no está claro porque el propio Nicolás Petro dijo recientemente que Torres había organizado el evento de la famosa tarima en forma de “P” de Barranquilla. Para entonces era claro en el país que Petro ya corría como candidato por la Presidencia. “Soy un empresario que durante más de 40 años he contribuido a la construcción de mi país generando empleo”, agregó Torres.
Los Torres están tan implicados en la política en Bogotá como en los negocios en el Caribe y otras regiones. Euclides Torres es el líder de la familia, pero también está Dolcey Torres, su hermano, hoy representante por el Partido Liberal próximo al Gobierno; Pedro Flórez, senador del Pacto quien está casado a Karina Llanos Torres, hija de Lisette Torres. En la familia también estuvieron en política Efraín Torres, exrepresentante a la Cámara y Martha Villalba, otra excongresista casada a Camilo Torres.
Recientemente, una investigación de La Silla Vacía reveló que el empresario había logrado un millonario negocio de energías limpias con el Fondo de Energías No Renovables del Ministerio de Minas, pero el Gobierno decidió cancelarlo a última hora. La pregunta que sigue sin ser resulta es si la familia apoyó la campaña del presidente esperando una contraprestación en contratos públicos y si su apoyo fue debidamente reportado.
Indagaciones en la FiscalíaLa otra punta de las investigaciones es finalmente la Fiscalía. Este jueves el jefe de prensa de la entidad llamó a periodistas al búnker para un anuncio sin que nadie supiera de que se trataba. Sobre las 11 de la mañana el designado jefe de la unidad de fiscales delegados ante la Corte, Hernando Barreto, señaló que hay seis indagaciones abiertas por la financiación de la campaña que están en proceso de investigación.
“En la Fiscalía en la unidad delegada hay seis actuaciones vinculadas con el tema de financiación de campañas están en la primera y la sexta y se van a continuar conforme han avanzado, no podemos anticipar el estado en el que se encuentra, pero se va a continuar con las indagaciones”, dijo el fiscal que reemplazó a Gabriel Jaimes en su primera conversación con los medios.
Lo más importante de la declaración fue que se conoció que la vicepresidenta, Francia Márquez, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, son indagados en los casos abiertos. Márquez reaccionó pronto luego de conocer la información.
“Hemos hecho las cosas con transparencia y nuestra campaña fue limpia, bonita, y se movió desde la raíz del pueblo y de los territorios más excluidos y marginados. Le puedo decir a todos los colombianos, colombianas y al mundo, que tengo mi corazón bien puesto. Yo llegué aquí desde lo más humilde, como una lideresa social y por mi trabajo. El proceso que se hizo para llegar junto al Presidente Gustavo Petro a gobernar a Colombia se hizo con toda la honestidad y transparencia. Quienes conocemos al Presidente Gustavo Petro sabemos de su rectitud, de sus posturas frente a la corrupción. Si hay alguien que en este país ha destapado la corrupción ha sido él”, puntualizó la vicepresidenta.
El mensaje público sobre las investigaciones que venían de la administración Barbosa y continuarán en la nueva Fiscalía de Luz Adriana Camargo es importante, pero esto no necesariamente significa un cambio de tono frente a la cercanía institucional que hasta ahora ha expuesto la fiscal general. Esta semana selló un acuerdo de cooperación con la Superintendencia de Industria y Comercio que dirige Cielo Rusinque, y allí ambas funcionarias se tomaron una fotografía que para muchos fue leída como un grado de cercanía con el Gobierno.
Se conoció que el despacho anterior de la Fiscalía dejó prácticamente lista una imputación de cargos en contra de Roa por los mismos hechos de la financiación de la campaña. Pero a último minuto se decidió dejar la vinculación formal en manos de la nueva fiscal. Mientras que Camargo no ha tomado ninguna decisión de fondo sobre los casos que afectan al presidente, el ente acusador decidió sí llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal cambiando la línea de dos solicitudes de preclusión anteriores.
La Fiscalía tiene entonces seis indagaciones por la financiación de la campaña, pero ninguna ha llegado a un estado consolidado para pensar que podría haber un juicio. Varias de esas indagaciones durarían meses y al final archivarse por falta de evidencias. Pero la fiscal tiene en sus manos el caso del hijo del presidente, Nicolás Petro, del que dijo que terminaría en una sentencia porque ya se encuentra en juicio, y otros robustos como el de la jefe del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), Laura Sarabia, por el polígrafo a su exempleada Marelbys Meza, o varios más en contra del actual embajador de Colombia en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), Armando Benedetti.
En conclusión, en donde más sufre el presidente es en la estabilidad de Ecopetrol. Hace solo unas semanas una auditoría de una firma independiente reveló que había un alto riesgo para la compañía por los escándalos que afectan la reputación de su líder. Roa dijo que no tenía problemas en dar un paso al costado si su continuidad le generaba problemas a la empresa pública por acciones. “La persona que les habla tiene claro que, si algún día llegara a verse impactada en el buen nombra, la reputación o el valor en el mercado bursátil de la compañía, puedo hacerme un lado sin que nadie me lo pida”, explicó en un debate del Congreso. Pero lo cierto es que el mandatario no parece interesado en concederle la cabeza de la empresa más grande del Estado a sus críticos porque eso sería una muestra de debilidad.
Las investigaciones hasta ahora comienzan, y así como puede pasar mucho, la historia política enseña que cuando se ha tratado de financiación de campañas, incluso de la de Odebrecht en un escándalo mundial, las consecuencias han sido pocas y no hay razones para pensar que Petro sea la excepción. Estos escándalos, sumados a la marcha del domingo y una desaprobación del 60 %, son la antesala de un presidente que puede volver a atrincherarse y empezar a dar, otra vez, golpes sobre la mesa.
Con Información de el Colombiano.
