EN LA Comisión Primera de la Cámara de Representantes se gesta un proyecto de ley que busca limitar las funciones sancionatorias que la Procuraduría General de la República, aplica como sanciones disciplinarias a funcionarios públicos y de elección popular.
Según algunos congresistas de esa célula legislativa, existen normas aplicadas por el ente disciplinario que han sido consideradas como exageradas y en algunos casos extremas.
Uno de los procuradores que más sanciones aplicó y quien lo hizo con severidad fue Alejandro Ordóñez al emitir un fallo disciplinario contra en aquel entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue suspendido e inhabilitado por la Procuraduría General a 15 años de sanción por el problema que generó la implementación de la empresa de aseo distrital que en el año 2012 tuvo a la capital al borde de una emergencia sanitaria durante varios días.
Ante el resultado de la medida disciplinaria y lo que significaba para Petro políticamente en sus posteriores aspiraciones a la Presidencia de la República, sus defensa jurídica se jugó la posibilidad de apelar el fallo ante tribunales internacionales, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el caso emitió orden de medidas cautelares al señalar que hubo una violación al debido proceso por no permitir la defensa del disciplinado y decretó la restitución de Petro a su cargo, así como un proceso ajustado a derecho en el que el alcalde justificara su actuar.
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Al tratarse de uno de los casos más sonados y conocidos en el cual un funcionario público logró tumbar una sanción de la Procuraduría General, varios Representantes a la Cámara unirán esfuerzos a presentar en los próximos días ante la secretaría de la corporación legislativa, una proposición que busca establecer el procedimiento sobre cómo hacer el estudio y sanción de un funcionario público y que este no sea realizado por la Procuraduría General.
Bajo el lema “Aquí Defendemos la Elección Popular”, la bancada del Pacto Histórico busca con el proyecto de ley que se armonice la Constitución Política de Colombia, con la Convención Americana de Derechos Humanos (DDHH) con el objetivo de asegurar los derechos políticos de los ciudadanos el momento de acceder a cargos de elección popular.
