“Le toca al ministro de Hacienda, después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”, trinó el presidente Gustavo Petro al conocer la decisión de la Corte Constitucional que eliminó un artículo de la reforma tributarial del año anterior que ponía a las empresas del sector extractivo a pagar más impuestos.
“Este fallo significa para las empresas la prevalencia de la Constitución y el respeto por los principios de equidad y capacidad contributiva. Lo segundo es su supervivencia, porque el efecto desmedido de la norma ponía en riesgo la estabilidad financiera y económica de las empresas del sector de hidrocarburos y minería”, aseguró Juan Carlos Valencia, socio en Holland & Knight.
Un asunto que celebró ampliamente al gremio, pero que preocupa en sobremedida al Gobierno, pues el Ministerio de Hacienda calculaba que con esta medida se recaudarían $3,38 billones en 2023; $2,79 billones en 2024; $2,2 billones en 2025 y $1,97 billones en 2026. Pero dependiendo del precio de las materias primas, podrían recaudarse hasta 4 billones de pesos.
Preocupación por el presupuesto.
“Se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible”, trinó de nuevo el mandatario.
Y agregó que: “Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, es el mismo Estado el que se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo. Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad”.
¿Qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera, las regalias?
1. Que se considera que la regalia es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña.del subsuelo.
2. Se le regalan impuestos a las empresas…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023
A lo que el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, autor de la reforma tributaria, dijo: “Respeto pero no comparto la decisión de la Corte Constitucional de permitir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Las regalías no son un costo de producción sino la participación del Estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural. Es decir, son equivalentes a un dividendo, que no es deducible como costo en el impuesto de renta”.
Y agregó que “como resultado de esta decisión, el gobierno tendrá que hacer los ajustes correspondientes en el presupuesto general de la nación”.
Respeto pero no comparto la decisión de la Corte Constitucional de permitir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Las regalías no son un costo de producción sino la participación del Estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural. Es…
— Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) November 17, 2023
Todo ello se suma a otra reciente decisión que había reducido el recaudo a las empresas industriales ubicadas en zonas francas, pues el artículo que los ponía a pagar más impuestos solo aplicará a las nuevas empresas que se ubiquen en estos lugares, para las demás se garantizan las condiciones anteriores. Por este lado, el gobierno perderá otra tajada, cercana a $600.000 millones.
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Y es así como poco a poco se va desgranando la reforma tributaria y se va achicando el presupuesto general de la Nación, que ya se había advertido que estaba desfinanciado para el próximo año.
Una gran preocupación que se da en un contexto de contracción económica que requiere de una mayor inversión social que ayude a la reactivación en el marco de la disciplina fiscal.
“La financiación de ese presupuesto está en duda, porque se proyecta recaudar $15 billones por concepto del arbitraje que la Dian haría de los litigios que tiene con particulares. Desafortunadamente, no tiene todavía las herramientas legales para hacer eso”, advierte el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo. Esto porque el gobierno ni siquiera ha radicado el proyecto de ley para que la Dian tenga más dientes y pueda litigar para cobrarles a los evasores y morosos.
“Fácilmente, podemos tener un presupuesto desfinanciado para 2024 en $20 billones o más”, anotó.
Según el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana “hay dos formas de financiar ese hueco para 2024: aumentar el endeudamiento, lo cual rompería con la regla fiscal y es el escenario más probable, o bien, hacer un consejo de ministros y comenzar a recortar gastos”.
