Unos 60 soldados completan este lunes dos días «secuestrados» por campesinos aparentemente influenciados por una facción de disidentes de las Farc del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias ‘Calarca’, a quienes el gobierno advierte del fin del cese al fuego si no los liberan.
El alcalde de esa ciudad, Willy Rodríguez, señaló en Caracol Radio que los uniformados permanecen cercados por alrededor de 650 campesinos en una zona rural de San José del Guaviare.
Inicialmente, 100 soldados habían sido retenidos el sábado, pero 40 recobraron la libertad horas después.
El fin de semana el ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó el hecho como un «secuestro» y señaló a un frente de las disidencias de las Farc llamado Jorge Suárez Briceño de estar detrás de los campesinos.
De acuerdo con información preliminar, en la zona donde estarían retenidos los uniformados, hace parte de los lugares donde se viene presentando extorsiones, al parecer, ordenadas por Fabián Guillermo Espinoza, alias ‘Cancharino’, de 23 años de edad.
Velásquez advirtió que la tregua se podría suspender «si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal».
El alcalde Rodríguez agregó que el domingo visitó la zona y observó que los uniformados con su armamento. De acuerdo con su relato, los campesinos impiden a los soldados movilizarse para evitar una «confrontación» con los disidentes y esperan que el gobierno envíe representantes para coordinar su salida de la zona.
En regiones conflictivas como el departamento del Guaviare la fuerza pública suele tener choques con campesinos, especialmente cuando erradican narcocultivos.
En abril, 34 uniformados fueron detenidos y luego liberados por una comunidad en el departamento del Meta (sur).
Un año atrás una protesta contra Emerald Energy terminó en el secuestro de más de 70 policías antimotines y seis empleados de la petrolera en San Vicente del Caguán (sur). Uno de los uniformados murió supuestamente degollado.
En la mañana del sábado, 40 de los soldados fueron puestos en libertad, según ha confirmado el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares. “Ese pelotón, que ya salió del sector, sigue su misión de llegar hasta donde la comunidad quiere que llegue, porque queremos protegerlos y garantizarles su libertad y sus derechos”, afirmó durante un evento en Cartagena. Organizaciones gubernamentales y de derechos humanos están negociando la liberación de los 60 uniformados restantes.
Iván Velásquez, el ministro de Defensa, ha criticado lo acontecido. El abogado y exmagistrado, uno de los pocos jefes de cartera nombrados tras la posesión de Gustavo Petro que aún se mantiene en su cargo, señaló en su cuenta de X que “la continuidad del secuestro” de los soldados obliga a replantear el cese al fuego bilateral que actualmente mantiene el Gobierno con la estructura disidente, sugiriendo que son los verdaderos responsables. “La prórroga por 3 meses [del cese bilateral], vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal”.
Sus palabras fueron respaldadas horas después, este lunes, en la misma red social por su compañero de gabinete, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. “El secuestro de los soldados en San José del Guaviare es una violación al cese bilateral del fuego por parte del bloque Jorge Suárez Briceño. Si no se liberan y se frena la extorsión generalizada de esa estructura armada ilegal a la población de Meta, Caquetá y Guaviare hay que revisar la conveniencia de mantener un cese que no beneficia a los habitantes de la región”.
Sin embargo, no existe un consenso sobre la lectura de la situación. El ingeniero Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con el EMC, contrarió las publicaciones de los ministros y respaldó la información difundida por la Coscopaas. “La información que tenemos está dada por Naciones Unidas, el alcalde y la Defensoría del Pueblo. Este grupo de campesinos está reclamando que la Fuerza Pública se retire, pero no podemos decir que sea una operación militar de un bloque disidente”, explicó en entrevista con Blu Radio.
Entre ambas versiones está lo dicho por Yeison Rojas, gobernador del Guaviare, que no desvirtúa ninguna posibilidad. “Lo que se está presentando en el departamento es una protesta por parte de los líderes de las comunidades campesinas; muchos de ellos pueden estar orientados por las FARC para hacer presión para que la fuerza pública retorne a otros sectores”, aseveró ante Noticias Caracol.
No es la primera vez que ocurre una retención de soldados o policías en manos de grupos campesinos o indígenas. En marzo de 2023, por ejemplo, la guardia indígena retuvo a 16 militares en Toribío, Cauca; y, en hechos sin relación, 79 policías y seis trabajadores de la petrolera Emerald Energy estuvieron retenidos durante más de 24 horas en San Vicente del Caguán, Caquetá. En ese segundo caso, la protagonista también fue Coscopaas, organizadora de un sonado evento en los cercanos llanos del Yarí en abril de 2023, en la que se presentó en sociedad al EMC como la reunión de grupos disidentes que tenían intención de dialogar con el Gobierno.