Los miembros del último secretariado de la extinta guerrilla de las FARC reconocieron este jueves ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y familiares de secuestrados crímenes cometidos durante los cautiverios, como violaciones sexuales, trabajos forzados o el mismo asesinato.
«Reconozco que a pesar de no haber sido una política y una práctica direccionada por el secretariado hubo hechos de violencia sexual en los secuestros realizados dentro de los ejercicios de control de territorio», aseguró en una declaración leída el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido antes Timochenko, durante el tercer día de audiencias de reconocimiento de la JEP.
Antes de este reconocimiento, los exguerrilleros escucharon un testimonio anónimo de una de sus víctimas a la que violaron cuando fue secuestrada ante este organismo, creado por el acuerdo de paz para juzgar ad hoc crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto colombiano.
«Aún siento ese temor y esa vaina porque siempre recuerdo esa violación. Fueron tres hombres que tuvieron la relación conmigo, mientras los pies y las manos estaban amarradas con un candado», contó la mujer.
VEJACIONES DURANTE EL CAUTIVERIO
«Venimos a reconocer que esta política que además de haberle quitado la libertad a la gente estuvo acompañada de malos tratos, de acciones degradantes ocurridas en el proceso del cautiverio, se enmarca en conductas muy graves, reprochables, que están catalogadas como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», dijo por su parte Pastor Alape, otro de los antiguos altos mandos de las FARC.
Este reconocimiento se hace en el marco del caso 01, «Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP», que investiga la JEP y del cual fueron víctimas miles de colombianos, entre civiles, policías y militares, por motivos desde políticos hasta económicos.
En una de las audiencias que la JEP realizó antes de la imputación, otro secuestrado, Alexander García, confesó que había sido sometido a trabajos forzados.
A él lo secuestraron en el departamento del Vichada, fronterizo con Venezuela, y lo sometieron a «trabajar con castigos» como limpiar potreros, sembrar pasto o recoger maíz, y cuando lo liberaron, tras darse cuenta que no formaba parte de ninguna organización paramilitar, lo castigaron.
«Me dicen que tengo un año de multa, que no me puedo mover del Vichada», aseguró López. Dicha multa era «por la comida que me dieron por el tiempo que me tenían secuestrado y los medicamentos que me dieron cuando me enfermé», agregó López, según le dijeron.
DESAPARECIDOS
«Mi presencia acá es con un solo fin: para poder sellar ese duelo», dijo por su parte Vladimiro Bayona, un señor mayor a cuyo hijo secuestraron, junto a un compañero de estudios, en el año 2000 en Palmira, en el Valle del Cauca (suroeste) y nunca regresó.
«No quiero enterarme de los momentos previos a ese vil asesinato, pero lo que sí necesito es que nos ayuden a encontrar (el cuerpo)», les dijo, con firmeza, a los exguerrilleros, y le señaló a uno de ellos: «Yo les perdonaré solo el día, estimado Pablo Catatumbo, que me diga: ‘Vladimiro, encontramos los restos de su hijo’».
Así, destacó una verdad dolorosa como que deberían ser los hijos los que entierren a los padres y no al revés, pero a pesar de todo el sufrimiento pidió a Colombia «encontrar en todos los corazones de nosotros esa paz estable y duradera», que no es posible si se mantiene el odio.
«A pesar de todo el daño que me hicieron, no los odio, pero no los puedo perdonar hasta tanto no vea a mi hijo y saber dónde le puedo ir a rezar», aseguró este padre.
Igual que él, otras familias les exigieron verdad y saber dónde están sus familiares que se llevaron cautivas para imponer el terror y el control territorial.
«Sabemos que hay quienes retornaron a sus casas con quebrantos de salud, otros con daños permanentes y otros más que incluso perdieron la vida y nunca volvieron a la casa», dijo Timochenko, quien añadió que «es una tragedia que nunca llegó a ocurrir y de la que nos sentimos profundamente avergonzados».
Menfis Molano, otra familiar, sin embargo, les recriminó: «No pueden pasar de agache, deben y tienen la obligación con el país y con el mundo entero de reparar a las víctimas porque sus crímenes no son menores que los que sucedieron en el holocausto nazi».
La JEP ha logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula dentro del caso que estudia, en crímenes de los que por el momento ha imputado a la última cúpula de las FARC.
Tras estas audiencias, que hoy llegan a su fin, el paso a seguir es la imputación de cargos y que la JEP emita la condena, que dependiendo del grado de verdad y aceptación de culpa que hagan los implicados, podrá no implicar la privación de libertad y en todo caso irá enfocada en la reparación a las víctimas.
