En una declaración los magistrados del CNE expusieron que por la fecha, ya no hay tiempo para conseguir la compañía encargada de adelantar este proceso pese a que se buscó tenerla con antelación.
También se indicó que se recogió la opinión de la Procuraduría General de la Nación que advirtió que ya existe una firma auditora que es MacGregor y es imposible tener dos contratos con el mismo objeto porque se podría incurrir en un detrimento patrimonial.
Se informó además que la Registraduría y el Consejo Electoral encontraron que la firma Datasys no cumplía con los requisitos que exige la ley de contratación para cumplir con la autoría y el tiempo era muy corto para que pudieran reunir todos los papeles requeridos. Informaron además que 3.700 millones de pesos que había girado el gobierno para la auditoría serán trasladados al Ministerio de Hacienda.
Para el magistrado Luis Guillermo Pérez, lo que faltó fue compromiso de Estado en la contratación de la firma internacional y eso imposibilitó que se adelantara este proceso. “Hay una serie de requerimientos, a esa firma se le solicitó una oferta que presentó, pero se ha añadido que tenían que tener certificaciones adicionales pero el tiempo es muy corto. El 1 de abril la sala plena del CNE pidió una auditoría internacional. El 2 de mayo se giraron los recursos y desde ahí se han dado reuniones para las condiciones de un proceso de esta naturaleza. El proceso ya, a pocos días de las elecciones, es inviable”, sostuvo.
