–“Una masacre anunciada por la sociedad y la Defensoria del Pueblo, pero el Estado no atendió el llamado. La guerrilla y el paramilitares combatieron en medio de la población civil”, afirmó Leyner Palacios, natural de este pueblo chocoano e integrante de la Comisión de la Verdad, a propósito de la conmemoración este lunes de los 20 años de la masacre de Bojayá, ejecutada por las Farc, que dejó 119 muertos, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.
Hoy la @ComisionVerdadC conmemora la Masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002 y que causó la muerte de 119 personas que se refugiaban en la parroquia del municipio. Acompañamos a #BojayáPorLaNoRepetición pic.twitter.com/Az8eeAEyWj
— Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) May 2, 2022
El 2 de mayo de de 2002, a las 10:15 de la mañana, guerrilleros de las Farc dispararon un cilindro bomba contra la iglesia San Pablo Apóstol, en el antiguo Bellavista, cabecera de Bojayá, donde se refugiaban alrededor de 300 personas debido a los enfrentamientos que libraban desde el 20 de abril el frente José María Córdova de la guerrilla y el comando paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas.
En realidad, desde 18 días antes de la masacre, las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte venían viviendo en medio del fuego cruzado de los combates entre Farc y paramilitares.
En ese período, 3 acciones bélicas (incluida la del 2 de mayo), 3 casos de asesinatos selectivos, 5 casos de desaparición forzada y 2 de violencia sexual. Desde 1958, los registros dan cuenta de 275 víctimas en 167 hechos de violencia perpetrados en Bojayá.
El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro de Memoria Histórica, en conjunto con el Enfoque Diferencial de Niños, Niñas y Adolescentes del CNMH, registró la muerte de 81 personas por el lanzamiento del cilindro bomba que destruyó la iglesia. Entre las víctimas mortales identificadas plenamente, se encontraron 47 fueron niños, niñas y adolescentes.
A su turno, la Unidad para las Víctimas precisa que el Registro Único de Víctimas reporta 80 personas muertas, otras 100 resultaron heridas y más de 1.740 familias desplazadas por ese hecho.
Agrega que las víctimas únicas relacionadas en Bojayá suman a la fecha 38.024, de las cuales 8.025 son sujetos de atención. El 49,6 % corresponde a mujeres y el 34,5 % tiene, actualmente, entre 29 y 60 años.
El desplazamiento forzado ha sido el hecho victimizante de mayor ocurrencia entre la población, con 69,9 %, seguido de confinamiento con el 21,6 % y la amenaza con el 2,3 %.
La masacre de Bojayá ejecutada por las Farc
Por los eventos ocurridos el 2 de mayo de 2002 se encuentran incluidas 89 víctimas directas por homicidio. De acuerdo con la caracterización, el 47,2 % hombres y el 53,8 % mujeres. El 33,7 % correspondía a personas entre los 29 y 60 años en el momento de ocurridos los hechos, puntualiza la Unidad para las Víctimas.
“Si se piensa en la magnitud de los eventos en términos de muertos, heridos y desplazados, frente al tamaño de la población, se puede decir que los daños ocasionados por la masacre fueron catastróficos. Toda familia quedó de alguna manera en duelo, todas las familias tuvieron que participar en la búsqueda y el conteo de sus víctimas”, señala el informe Bojayá «La guerra sin límites», publicado en 2010 por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
“Nos masacraron y nos sacaron, ni a la pesca ni al trabajo, nos dejaban pasar”: Máxima Asprilla, cantadora de Bojayá. #BojayáPorLaNoRepetición pic.twitter.com/LX8PZ73BAT
— Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) May 1, 2022
Las cuentas son difíciles: Domingo Chalá pasó tres jornadas recogiendo con una pala y una carretilla restos humanos entre los escombros de la iglesia. Amigos y conocidos quedaron en pedazos, dispersos. Además de niños, niñas y adolescentes, también varias mujeres en embarazo, cuyos hijos e hijas son parte del duelo de las familias a pesar de no haber alcanzado a nacer.
Ni siquiera Domingo, el sepulturero de Bojayá, sabe cuántas personas murieron en medio de los enfrentamientos entre guerrilleros del Frente José María Córdoba de las Farc y el comando paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, aunque fue él quien tuvo que meter los restos de los lugareños en bolsas, y sepultarlos sin rituales ni protocolo.
Fueron 18 días en los que las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte vivieron en medio del fuego cruzado. La sevicia con la que se perpetró el hecho ha dificultado los esfuerzos de la comunidad y de las instituciones por precisar la cifra exacta de heridos, desaparecidos y víctimas totales. Entre el 20 de abril y el 7 de mayo, los sobrevivientes vieron canoas cargadas de cadáveres navegando por el Atrato. En ese período, el OMC registra 94 víctimas de 3 acciones bélicas (incluida la del 2 de mayo), 3 casos de asesinatos selectivos, 5 casos de desaparición forzada y 2 de violencia sexual.
Referidos a todo el conflicto armado, desde 1958, los registros del OMC dan cuenta de 275 víctimas en 167 hechos de violencia perpetrados en Bojayá. Este hallazgo, uno de los que se desprende de la publicación del tablero conmemorativo del CNMH, puede consultarse en este link.
Las mujeres del Bojayá bordaron un telón con 119 nombres que conservan como memoria. La ceremonia colectiva ‘Bojayá honra a los sagrados espíritus’, que se celebró el 18 de noviembre de 2019, incluyó 101 cofres: algunos representaban a víctimas desaparecidas o que no fue posible identificar. Casi dos décadas después de la masacre, las cifras no alcanzan a dar dimensión del daño causado a la comunidad. Sin embargo, los esfuerzos de investigación aportan a la memoria y al esclarecimiento, a la reflexión y al pedido colectivo de que no se repita un hecho de violencia de proporciones incuantificables.
El acompañamiento para la reparación simbólica en Bojayá inició en 2009, cuando el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (que pasó a ser parte del CNMH con la Ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas—), produjo el informe Bojayá, la guerra sin límites, referente de los daños que el conflicto ha provocado a las comunidades afro e indígenas del Medio Atrato.
El Centro acompañó desde 2017 las diligencias de identificación de las víctimas, a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, que fueron parte de los acuerdos de paz de La Habana, escenario en el que la guerrilla de las Farc reconoció su responsabilidad en los hechos. Mediante encuentros familiares, el Enfoque Étnico, el Comité por los Derechos de las Víctimas y la comunidad, elaboraron 40 álbumes familiares que fueron entregados en el acto de despedida ‘Bojayá honra a los sagrados espíritus’, y que se convirtieron en instrumento de duelo y un tesoro íntimo y privado que contiene el recuerdo de los familiares muertos.
A partir de solicitudes de la comunidad, en 2019 se realizó un mural en homenaje a los niños y niñas fallecidos en la masacre, que se conserva en el Parque de la Memoria, en el nuevo Bellavista. En esa misma oportunidad se reconstruyó otro mural de memoria que había sido elaborado en 2004, en la escuela de la antigua cabecera. Ambos murales fueron realizados en un intercambio de saberes del que participaron niños y niñas, gestores locales, alabadoras y sabedoras de Bellavista y el corregimiento de Pogue.
El 4 de marzo de 2010, con fundamento en pruebas técnicas y testimoniales aportadas por la Fiscalia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó condenó a 12 guerrilleros de las Farc a 36 años y seis meses de prisión, cada uno, por la masacre en el municipio de Bojayá (Chocó).
Los subversivos fueron hallados responsables de 74 homicidios en persona protegida, 53 lesiones personales en persona protegida, actos de terrorismo, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto.
Los condenados fueron los siguientes: Oberto Peña Hernández, alias ‘El Mambo’, Manuel Aurelio Cuesta Mosquera, alias ‘Chombo’, Wenceslado Girón Córdoba, alias ‘Mano de Oro’, Wilmar Asprilla Allín, alias ‘Poloncho’, José Rivas Palacios, Héctor Emilson Cuesta Cuesta, alias ‘Pescadito’, Harbey Torres Ayala, alias ‘Isaías’, Humberto Torres Ayala, alias ‘El Yea’, Manuel Neftalí Mosquera González, alias ‘Neftalí’, Israel Alberto Zúñiga Iriarte, alias ‘Benkos’, Luis Fernando Mora Pestaña o Virgilio Antonio Vidal Mora, y Alberto José Zúñiga Iriarte, alias ‘Pablo’.
Posteriormente, el 27 de agosto de 2009, el Tribunal Superior de Quibdó confirmó la condena de 36 años y 6 meses de prisión, contra Orlando Martínez Quinto, alias ‘Panapanguero’, por la masacre.
Martínez Quinto fue capturado en Costa Rica y extraditado en diciembre de 2006 a Colombia, donde fue procesado por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, por los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, rebelión, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de barbarie y destrucción de lugares de culto.
