A la reforma a la salud, el caballito de batalla del Gobierno Nacional en el Congreso, le salió otra pata. A las advertencias por los impactos que pueda tener a futuro en la prestación de servicios, el gasto de bolsillo en los ciudadanos y en las barreras de acceso al sistema, ahora se suma uno de suma seriedad para el país y que toca directamente eso con lo que se hace la mayoría de políticas públicas: la chequera y los fondos para usarla.
Entre el lunes y el martes –días en los que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el 44 % del proyecto– fueron varios los llamados que hicieron, no solo desde la oposición sino desde sectores de centro independientes, porque esta reforma aún no tiene el concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda al tratarse de una ley que implica gasto público.
En ese sentido, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Partido Dignidad) le requirió a los coordinadores ponentes de la reforma que “se requiere un sustento mucho más sólido para cumplir las propuestas o los fines nobles que acompañan esta reforma”.
A lo que se refiere Pedraza es al anexo del proyecto que habla de los costos para implementar. Como por ejemplo, allí “se plantea que para construir los centros de atención primaria en salud (CAPS) se necesitan $11,3 billones, para mejorar las condiciones laborales del personal en salud se necesitan $9 billones, para agrandar la Adres (Administradora de Recursos de la Salud) como lo necesitamos para remplazar a las EPS, se requieren entre 1 y 3 billones de pesos, entre muchas otras necesidades presupuestales”. Y advirtió que “a la Adres le pusieron un montón de otras responsabilidades y aquí no hay actualización para el texto que estamos votando, se está haciendo sin saber cuánto le va a costar la ejecución de esta reforma y de dónde va a salir la plata”.
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En esa misma vía, al continuar con la discusión y votación de la reforma este martes, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) pidió a la Secretaría de esa corporación que confirmara si habían radicado algún concepto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, pero la respuesta del secretario general, Jaime Luis Lacouture, fue que “no ha llegado ningún aval fiscal”.
Al respecto, Forero recalcó que esto significa para él y la bancada uribista “un grave problema de trámite y un grave vicio que vamos a poner en consideración de la Corte Constitucional si esto termina siendo aprobado”. Distinto escenario es el que tiene la reforma pensional, de la cual la cartera de Hacienda emitió concepto este martes.
Una aceptación que preocupa.
La coordinadora ponente de la reforma a la salud es Martha Alfonso (Alianza Verde) y fue la que reconoció desde el atril del salón elíptico de la Cámara que esta iniciativa del Gobierno “no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera”.
Y para echar más leña al fuego, la viceministra Técnica del Minhacienda confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que desde esa entidad “no se ha enviado todavía concepto fiscal”, pero que “puede enviarlo en cualquier momento del debate parlamentario. Incluso para último debate”.
Ante esto, la representante Alfonso intentó aplacar las críticas que le cayeron por su declaración y explicó que “varias sentencias de la Corte Constitucional han señalado que el Ministerio de Hacienda no tiene ningún poder de veto sobre los proyectos” y añadió que “sí tiene un estudio financiero, sí sabemos cuánto cuesta, sí sabemos de dónde provienen sus recursos y está sustentando en un anexo”.
En el anexo que señala la representante está consignado el valor de 69 intervenciones en los CAPS (dos reposiciones y dos ampliaciones en zonas urbanas, una reposición de uno ambulatorio urbano y uno nuevo de una sede satélite rural), que costarán $702.185 millones.
Por otro lado, se afirma que habrá seis proyectos de construcción, ampliación y adecuación de la infraestructura hospitalaria intramural. De estos, según el documento, cuatro cuentan con concepto de viabilidad por $269.805 millones, mientras que los otros dos “están en proceso de estructuración por parte de los entes territoriales y empresas sociales del Estado por valor de $245.000 millones”.