Fue tal la discordia entre el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal, Francisco Barbosa, por el levantamiento de las órdenes de captura de 16 criminales del Clan del Golfo y Los Pachecas que el mandatario terminó dándole la razón a Barbosa, como dijo el propio Jefe de Estado, “en algunos temas”. Es más: se sentarán frente a frente en poco más de una semana.
“He conversado con el fiscal general, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”, reconoció Petro.
Y es que el Gobierno estaba buscando levantar las medidas de la justicia contra 16 jefes de esas dos estructuras criminales, un paso que Barbosa no quiso ejecutar asegurando que ni el Clan ni los Pachenca tienen carácter político y, por tanto, “no existen condiciones constitucionales” para aplicar esa medida.
PUBLICIDAD.
Petro, quien no había dado el brazo a torcer en nada desde que llegó a la Casa de Nariño, le dió la razón al Fiscal después de que dentro del mismo Pacto Histórico llamaran la atención sobre la necesidad de tramitar una ley de sometimiento para resolver el limbo en el que quedó la orden del mandatario frente a la interpretación del ente acusador.
El del llamado interno fue el presidente del Senado, Roy Barreras, quien sentenció que “la paz total necesita la desarticulación de las organizaciones del narcotráfico”, y dijo que no se le pueden dar beneficios a los delincuentes sin una ley de sometimiento.
Ese tema resultó ser tan prioritario para el Ejecutivo que adelantaron su presentación de marzo a febrero y las presidencias de las dos cámaras del Congreso están reclamando que se le dé mensaje de urgencia. ¿El motivo?: sin una ruta clara de sometimiento se embolata la paz total.
Precisamente, Petro se cita con Barbosa en un contexto en el que necesita que el ente acusador le acepte las bases de su paz con los grupos del narcotraficantes que tramitará este semestre en el legislativo.
Así diseñaron el sometimiento
Ese término no caló en el petrismo y el documento está siendo redactado bajo el tecnicismo de “ley de aceptación de responsabilidad penal”. Se trata de una normativa para sometimiento colectivo de organizaciones criminales de alto impacto que permitiría que grupos como el Clan del Golfo o La Oficina (con alta incidencia en Antioquia) entren en la paz total.
Ese articulado está rodeado de profundo hermetismo. Su redacción va al 90% y el Gobierno está esperando las reuniones con las bancadas de esta semana y la próxima –cuando será el retiro espiritual del Pacto Histórico– para ultimar los detalles del documento.
Sus autores son los senadores Iván Cepeda (Pacto) y Ariel Ávila (Alianza Verde), pero en la creación del texto también han dado sus comentarios la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el Ministerio de Justicia.
Avila detalla que ese proyecto “abre el camino hacia que se puedan someter las organizaciones criminales, es el modelo gringo, es el modelo de que el vandido entrega verdad y entrega bienes y el estado le devuelve una reducción de la pena. No hay negociación de paz ni estatus de beligerancia”.
El formato estadounidense incluye beneficios a los criminales en la medida que ellos colaboren con la justicia. El primero es una reducción en las penas, pero hay una segunda opción bastante atractiva: que puedan quedarse con una parte de las ganancias que obtuvieron de sus negocios ilícitos.
Ya se filtró una parte del borrador que contempla que esos criminales puedan tener el 10% de sus rentabilidades una vez le cumplan al Estado. Esa cuestión no convence a la oposición, que teme que se dé una legitimación de los dineros sucios.
En palabras de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, “preocupa el hecho de que pretendan hacer un lavado de activos permitiendo que las estructuras se queden con recursos de los ilícitos”.
Ya el presidente de la Cámara, David Racero, le confirmó a este diario que el articulado profundizará los beneficios de los criminales ante la justicia y “probablemente los amplíe”. En términos sencillos: crearán más garantías para los ilegales.
Los del Pacto creen que a partir de ese medida se va a mitigar el narcotráfico, porque los traficantes entregarían información sobre las rutas para enviar ilícitos, los socios que hacen parte de la cadena ilegal y los bienes que han sido obtenidos con esos dineros. Eso sí: rendirían cuentas ante la justicia ordinaria.
La cuestión que cita al presidente y al fiscal para finales de este mes es apenas la primera para este tema, pues la puja seguirá porque las pretensiones de la Casa de Nariño van más allá de este articulado de sometimiento.
Para el segundo semestre llegaría otro proyecto de ley anexo a este documento, pero su escritura dependerá del avance de las mesas de diálogo del Gobierno con los grupos al margen de la ley.
Ya el camino para firmar la paz con la guerrilla del ELN está jurídicamente pavimentado y al Gobierno le queda un arduo trabajo legislativo para enrutar su paz total con los grupos armados que carecen de origen político .
He conversado con el Fiscal General, él tiene razon en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la Paz, que es el derecho de la sociedad colombiana.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2023
