La orden fue emanada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP durante la audiencia de seguimiento a la solicitud de medidas cautelares por los hechos del Palacio de Justicia y había sido impugnada por la Procuraduría.
La Alcaldía Mayor de Bogotá informó a la Jurisdicción Especial para la Paz que no interpondrá ningún recurso en cuanto a la orden dada el pasado 16 de noviembre por la Sección de Ausencia de Reconocimiento para retirar la placa número 24 instalada en el Palacio Liévano, que habla sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.
De acuerdo con la Sección, “resultaba necesario el retiro de la placa en el Palacio Liévano que libera a la fuerza pública de la responsabilidad sobre estos eventos del holocausto del Palacio de Justicia, por cuanto es negacionista, contraria a la verdad histórica y judicial y ejerce una acción con daño sobre las víctimas de estos hechos”.
El texto de la placa instalada en el Palacio Liévano -sede de la Alcaldía Mayor-, en uno de los costados de la Plaza de Bolívar de Bogotá, reza:
“Holocausto del Palacio de Justicia 1985
Durante los días 6 y 7 de noviembre la ciudad es conmovida con el suceso más audaz que recuerde nuestra historia, el sacrificio trágico por fuerza de la subversión de un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, maestros del derecho, defensores de la ley, el palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes, cuya destrucción buscaron los asaltantes.”
Según lo concluido por la Sección, “la placa No XXIV, instalada en el Palacio Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, soslaya lo probado en instancias judiciales (nacionales e internacionales) y extrajudiciales acerca de lo acontecido en los hechos relacionados con el holocausto del Palacio de Justicia”.
Durante la audiencia pública mediante la cual se hizo un seguimiento a las medidas cautelares solicitadas por la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Procuraduría había interpuesto un recurso de reposición en favor de la Alcaldía, pero la administración distrital, a través de la Oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, manifestó “su plena voluntad de cumplir con la orden judicial impartida, en consideración al compromiso que profesa el Distrito por la protección de los derechos de las víctimas en un proceso de justicia transicional”.
