Un documento de 70 páginas de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que anunció la imputación al exmilitar del Gaula de Casanare, Alexander González Almario, calificándolo como máximo responsable e incluyéndololo dentro del grupo de 22 militares que fueron imputados por 303 falsos positivos cometidos por la Brigada 16 del Ejército entre 2005 y 2008.
La determinación de los magistrados se produjo luego de acceder a la solicitud de la Procuraduría que pidió incluir a González Almario dentro de los mayores responsables del fenómeno criminal al haber actuado como el punto de conexión entre el mayor Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula, y los terceros civiles que fungieron como reclutadores de víctimas (siendo responsable de al menos 35 de los 303 casos totales).
“Pero su labor no se limitó a suministrar inteligencia, también planeó operaciones ilegítimas, coordinó su desarrollo, reclutó víctimas por medio de engaños, y asesinó en diversas oportunidades a personas que fueron sustraídas de sus lugares de habitación, para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, concluyó la Sala.
Así las cosas, le dieron un término de 30 días a González Almario para que declare si asumirá o no responsabilidad por los 35 homicidios sobre los que se halló su responsabilidad.
Además, la magistratura dejó en firme la imputación sobre el resto de responsables determinados, por ejemplo entre ellos el general (r) Henry Torres Escalante como uno de los líderes de la propagación del fenómeno criminal.
Adicionalmente, los jueces transicionales rechazaron la solicitud de la procuraduría de calificar como tortura varios de los crímenes que fueron determinados en la imputación contra los máximos responsables.
