El fiscal, Francisco Barbosa, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, protagonizaron otro choque entre el ente acusador y el Gobierno de Gustavo Petro, esta vez por la posible creación de una comisión internacional en Colombia.

Barbosa rechazó esa idea que había lanzado el canciller, Álvaro Leyva, durante una intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tuvo lugar el pasado 13 de abril.

La propuesta de Leyva consistía en instaurar una Comisión Internacional de Investigación o un grupo de expertos independientes, una iniciativa que lanzó durante el mismo discurso en el que llamó la atención sobre “los enemigos de la paz” en Colombia.

Entonces, el fiscal se pronunció sobre esa proposición con una tajante negativa: “Yo rechazo completamente esa solicitud. Me parece que atenta contra la justicia colombiana y contra la autonomía de la justicia colombiana”.

Barbosa hizo esa declaración durante el programa Desnúdate con Eva que conduce la periodista española Eva Rey. En esa conversación aseveró que “en la medida en que yo esté de fiscal general, no habrá ninguna comisión de Naciones Unidas en Colombia”.

La declaración del fiscal toca las bases del Gobierno, pues el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró una instancia de ese tipo en Guatemala cuando estuvo a la cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (la Cicig) que tuvo a su mando las pesquisas por corrupción en el país centroamericano.

De ahí que Velásquez puso en entredicho que el fiscal se niegue a abrir la puerta a esa instancia. “¿Por qué le temen en Colombia a una Comisión Internacional contra la Impunidad, que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, inclusive limitada a temas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado al narcotráfico?”, cuestionó el ministro.

La idea de abrirle la puerta a investigadores internacionales ya está en el tintero del Gobierno, pero para que sea materializada necesita de una articulación con el ente acusador que, por lo pronto, no se ve posible.

En palabras del fiscal, “todo lo que sean comisiones de las Naciones Unidas para alterar las ramas judiciales me parece que es nocivo. Yo rechazo, como fiscal general, cualquier tipo de comisión investigativa e investigadora de Naciones Unidas”.

Velásquez estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde el 2013 y las investigaciones que adelantó permitieron enjuiciar al presidente Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti como parte de un fraude aduanero masivo en el que estuvieron involucrados decenas de miembros del gobierno guatemalteco.

La Cicig estuvo activa hasta el 2019 cuando el presidente Jimmy Morales se negó a extender su mandato. Incluso el ministro Velásquez ha tenido problemas a raíz de su papel en esa comisión. Fue declarado persona no grata, le abrieron una investigación e incluso lo han intentado vincular con supuestos sobornos de Odebrecht en ese país.

Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, este organismo permitió más de 400 condenas por parte del Ministerio Público de Guatemala. Ese organismo asegura que produjo cambios normativos en el país centroamericano, ha inspirado a varios gobiernos y terminó con altos índices de confianza pública por sus resultados. Además, International Crisis Group le atribuye a esa labor una reducción en la tasa de homicidios en el país del 45,1 por 100.000 habitantes en 2009, a 26,1 en 2017.

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Redacción Periódico Hoy es Viernes

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