La Fiscalía General no solo tiene pendiente recibir el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres, para revisar si les otorga a ambos un principio de oportunidad que les garantice inmunidad a cambio de contar todo lo que saben sobre la denuncia de corrupción más grave en la administración Petro.
También está pendiente que sean escuchados los contratistas de los famosos carrotanques quienes recibieron 46.800 millones en octubre de 2023, antes de las elecciones locales. Según el testimonio que entregó Sneyder Pinilla hace dos días, esos empresarios le entregaron, a él, dinero en tulas para sobornar a los presidentes del Congreso; Iván Name y Andrés Calle saben la exactitud del soborno.
Los empresarios estarían prestos a testificar cómo funcionaba el esquema de robo y sobrecostos en la entidad.
El periódico EL COLOMBIANO estableció que a la historia le falta dinero, nombres y hechos claves que continuarán revelándose con las declaraciones y las evidencias entregadas a la Fiscalía en los próximos días. No habría sido un soborno de 4.000 millones de pesos, como dijo Sneyder Pinilla a varios medios de comunicación la semana anterior, repartidos supuestamente en 3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle.
El soborno de este contrato, que se ganó la empresa Impoamericana Roger SAS, habría sido por $7.700 millones, que corresponden al 15 % de los $46.800 millones del total, y fueron entregados por los contratistas en tulas negras a Sneyder Pinilla.
Aunque Pinilla aseguró que el soborno se entregó a Name y Calle (ambos congresistas lo niegan) en octubre porque se iba a usar en las elecciones locales, los empresarios aseguran que entregaron el dinero en efectivo al exsubdirector en enero de este año, lo que significa una contradicción que debe ser aclarada por la justicia.
La historia es enredada como suelen ser las licitaciones en Colombia, pero se desenmaraña fácil. Bajo el decreto presidencial para la emergencia climática en La Guajira, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) realizó una licitación exprés, bajo las reglas de la contratación privada y sin estudios, para la compra de 40 carrotanques que, se suponía, iban a llevar agua potable a poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad en La Guajira.
La consejera de regiones, Sandra Ortiz, publicó en cuenta de X los chats completos con Olmedo López, el entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Desastres (UNGRD), con los que asegura demostrar que no tiene vínculo con el caso de corrupción relacionado con el manejo de dineros públicos.
En el trino, la funcionaria señaló que los chats publicados anteriormente no estaban completos y estaban siendo utilizados para tergiversar la información y que dichas conversaciones solo se hablaba de cosas relacionadas a su cargo.
«Estas son las conversaciones ‘completas’, sin fraccionar, a diferencia de como lo hacen algunos medios de comunicación, donde la información se tergiversa para hacer parecer realidad una situación falsa. Por esta razón, se publican las conversaciones que se tenían a diario sobre diferentes temas relacionados con el ejercicio del cargo».
En ese sentido, también agregó que «por lo tanto, es necesario señalar que serán las autoridades a quienes se les suministrarán las pruebas que demuestren mi inocencia, ya sea la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia u otra entidad o autoridad que sea la competente».
El presidente Gustavo Petro pidió que tanto Ortiz como el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga salieran de sus cargos, esto por estar mencionados en el caso de corrupción.
Cabe recordar que este viernes, el exsubdirector de la UNGRD, Snyder Pinilla, aseguró que Ortiz sirivió de «mensajera» para la entrega de $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, con el propósito de aprobar las reformas del Gobierno.
Ante estas acusaciones, la funcionaria afirmó que presentará acciones legales para defender su buen hombre.
Pinilla, en declaraciones a la revista Semana, aseguró que la funcionaria se desempeñó como «mensajero» del presidente del Senado, Iván Name, para recibir maletines con $3.000 millones.
«En atención a la reciente información periodística que me vincularía con supuestos hechos en el caso del exsubdirector de la UNGRD, enfáticamente rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre, que durante tantos años de vida privada y pública se ha construido paso a paso con esfuerzo, honestidad, transparencia y amor a las convicciones de servicio y de tener un mejor país», sostuvo la funcionaria.
En el comunicado de prensa, Ortiz aseguró que Pinilla está manipulando a la Fiscalía con el fin de conseguir un principio de oportunidad.
«Lamento que se pretenda instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía General de la Nación a través de un principio de oportunidad, intentando con falsas delaciones desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos, y obtener beneficios en su proceso penal, sin dejar de lado el interés de socavar el trabajo que se ha efectuado desde el Gobierno Nacional. Confío en el obrar transparente y objetivo de la justicia a favor de la verdad para esclarecer la situación, y estaré presta a colaborar en lo que se requiera», indicó.
Imágenes de los chats:
Estas son las conversaciones 'completas', sin fraccionar, a diferencia de como lo hacen algunos medios de comunicación, donde la información se tergiversa para hacer parecer realidad una situación falsa.
Por esta razón, se publican las conversaciones que se tenían a diario… pic.twitter.com/OxbgniFPDZ— Sandra Ortiz (@SandraOrtizN) May 4, 2024
