Aida Victoria Merlano acudió este jueves a una audiencia de imputación de cargos por un proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito. La influenciadora –que en un proceso distinto fue condenada a 7 años y seis meses de prisión domiciliaria por favorecer la fuga de su madre, la exsenadora Aída Merlano– se declaró inocente de los nuevos cargos que la Fiscalía le imputó.
La diligencia judicial inició hacia las 2:30 de la tarde de este jueves de manera virtual. Había sido reprogramada luego de que la influenciadora alegara que no tenía un abogado designado para su defensa. Aida Victoria Merlano se declaró inocente de cometer enriquecimiento ilícito.
“Por supuesto que no acepto los cargos. Voy a pelear hasta el final de este proceso por mi inocencia”, dijo Merlano cuando el juez le preguntó si tomaba la opción de allanarse a los cargos o declararse inocente.
La investigación que adelantó la Fiscalía busca probarle al juez que la influenciadora recibió bienes conseguidos de manera ilícita.
El ente acusador busca probar que desde la empresa Esaid SAS –cuyo representante legal es Aída Victoria– se lavaron los bienes que su madre, la exsenadora Aida Merlano, había conseguido ilícitamente. La empresa está en Barranquilla y tiene un capital de 2.200 millones de pesos, seis apartamentos y tres parqueaderos.
“Cuando a mi mamá le quitan esa restricción, hace una donación que es lícita, porque ella en ese momento no tenía prohibición de mover sus bienes y también bajo el marco de la legalidad, porque hay una ley que dice que uno no puede donar todo y quedarse sin nada. Ella efectivamente cumplió con esto y se quedó con algunas propiedades. Esa empresa fue intervenida en 2019, acabándose de crear, nunca dejaron que generara dinero”, explicó Merlano durante la audiencia.
La hija de la exsenadora aseguró que los bienes implicados en el caso están congelados por parte de la Sociedad de Activos Especiales y que, hasta ahora, no ha hecho uso de ellos.
Con esta audiencia Merlano quedó vinculada formalmente al proceso y, de ser encontrada culpable, podría pagar una pena de entre 8 y 15 años de prisión, según lo estableció el artículo 327 del Código Penal.
