La Fiscalía imputó cargos en la mañana de este miércoles 18 de mayo a tres personas, entre ellas Edgar Báez, Ana Wandurraga y Sergio Pitta, por su presunta participación en una red de corrupción en la administración de Richard Aguilar Villa para direccionar contratos de infraestructura.
Ninguno de los tres sindicados aceptó los cargos por interés indebido de contrato y prevaricato, imputados por la Fiscalía.
En una próxima audiencia, la Fiscalía le imputará cargos a Andrés Julián Ulloa y Paula Marcela Moreno, ambos integrantes de la empresa Movipetrol y a Xiomara Suárez Gómez, integrante de la interventoría del Estadio.
Estas seis personas harían parte de la red que ajustaba los pliegos al perfil de los contratistas que querían que ganaran las licitaciones.
Dicha red, según las investigaciones, estaba dirigida por el empresario Julián Jaramillo Díaz, quien se desempeñó como asesor de despacho de Aguilar Villa.
Según la información recaudada por la Fiscalía y la Corte, al igual que en otras licitaciones, el “staff de infraestructura” de la administración Aguilar se puso en marcha para lograr que el millonario contrato de las obras del estadio ($22 mil millones con adiciones) le fuera adjudicado a Octavio Reyes Sarmiento, amigo personal del exgobernador Hugo Aguilar, como lo había ordenado Julián Jaramillo.
Para tal fin, desde la administración Aguilar le suministró de manera anticipada el presupuesto que definiría el gobierno departamental para las obras del estadio y así Octavio Reyes elaborara el pliego de condiciones ajustado a su propio beneficio. Tarea que le fue encomendada a Andrea Carolina Núñez Castellanos, secretaria de Ingream SAS, empresa perteneciente a Octavio Reyes.
La propia secretaria de Ingream, Andrea Carolina Núñez reconoció ante la Corte que el presupuesto de obra del estadio le fue entregado a su jefe, Octavio Reyes, mucho antes de que el proceso licitatorio iniciara.
