Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre el entramado de corrupción que involucró a altos funcionarios del gobierno, señalando a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), como el principal responsable de orquestar un plan para desviar recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía señaló que Carlos Ramón González, quien hasta hace poco era director de Inteligencia Nacional, era el encargado de dar instrucciones directas a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, a quien le encomendaba organizar reuniones y “desayunos” donde se planeaban los detalles del saqueo. Estos encuentros no solo incluían a Ortiz, sino también a altos congresistas como Iván Leonidas Name, presidente del Senado, y Andrés David Calle, presidente de la Cámara de Representantes, quienes, según la Fiscalía, recibieron contratos por valor de 60 mil millones de pesos a cambio de favores políticos.
Una de las reuniones clave en el entramado corrupto, según testimonios, se llevó a cabo en la habitación 2312 del hotel Tequendama, en Bogotá. En esta ocasión, González había ordenado a Ortiz coordinar un desayuno con Iván Name, con el fin de estrechar la relación entre el congresista y Olmedo de Jesús López Martínez, quien también está involucrado en el escándalo.
El caso reveló también cómo Carlos Ramón fijó las cantidades de dinero que supuestamente se entregaron como sobornos a los congresistas. La Fiscalía señaló que González determinó una cifra de 4.000 millones de pesos, que finalmente se distribuyeron en sumas menores: 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones de pesos para Calle, los cuales se obtuvieron de contratos vinculados a la UNGRD.
Este escándalo ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro, ya que González era un hombre cercano al presidente y militante del M-19. Tras la divulgación de su nombre en el proceso judicial, González presentó su renuncia a su cargo como director de Inteligencia Nacional, ante la presión pública y los señalamientos de la Fiscalía.
