Casi dos años de cumplir la política antidrogas del gobierno Petro continúa bajo la lupa. Esta semana, por ejemplo, se dio uno de los hechos más significativos en cuanto a la creciente prevención de las autoridades estadounidenses sobre el nivel de eficiencia de la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
En el Congreso norteamericano se abrió paso un acuerdo en torno a la partida que se destinará a Colombia en la vigencia fiscal de 2024, que terminó siendo de 400 millones de dólares, monto menor que los recursos aprobados el año pasado, que ascendieron a 456 millones. Ahora, no todo es para combatir el narcotráfico y apoyar la Fuerza Pública, puesto que hay destinaciones específicas para sufragar programas de desarrollo, justicia e incluso desminado, entre otros rubros.
Más complicado aún es que durante las discusiones entre los delegados de Senado y Cámara se presentó un fuerte debate entre parlamentarios republicanos y demócratas en torno a los bajos resultados de la erradicación de narcocultivos desde que asumió el gobierno Petro, en agosto de 2022.
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De hecho, en la Cámara se alcanzó a contemplar la posibilidad de anular la partida propuesta por el gobierno Biden para Colombia en el marco del proyecto de ley de “asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados para la vigencia fiscal 2024”.
Los representantes republicanos pusieron de presente no solo que la erradicación de narcocultivos iba en descolgada, sino que no existía una coincidencia de intereses y políticas entre el gobierno Petro y los énfasis antidrogas y geopolíticos de Estados Unidos.
Una de las voces más críticas terminó siendo la del presidente de la Comisión de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero, el republicano Mario Diaz-Balart, quien habló del clima de incertidumbre sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia bajo la presidencia Petro.
Al final de cuentas en este primer acuerdo sobre la partida de apoyo a nuestro país, que aún tiene por delante un largo trámite legislativo, se acordó mantener los 400 millones, pero tendrían varios condicionantes a bordo, sobre todo en cuanto a que se monitoree el avance de la lucha contra el narcotráfico en todos sus flancos, las medidas para frenar la migración ilegal por el tapón del Darién e incluso reportes periódicos en cuanto a si las políticas del gobierno Petro alinean con los intereses estratégicos de Estados Unidos en asuntos de primer orden. De los resultados de esas evaluaciones dependerían algunos de los desembolsos.
El tema de los cultivos ilegales es el que más preocupa a las autoridades norteamericanas. No hay que olvidar que el propio embajador de la Casa Blanca en Colombia, Francisco Palmieri, advirtió semanas atrás que la extensión de cultivos ilícitos podría estar alrededor de las 250.000 hectáreas. De igual manera, varios diagnósticos de agencias del Departamento de Estado, voces del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso y otras instancias de poder en Washington han coincidido en que se exija a la Casa de Nariño volver a repotenciar las operaciones de destrucción de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola, sobre todo porque el aumento del decomiso de cocaína indicaría que la producción está disparada.
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Caída en picada
Como se sabe, durante la Administración Duque este fue uno de los ejes centrales de la estrategia antidroga, como lo prueban las estadísticas del Ministerio de Defensa: en 2018 se destruyeron 60.000 hectáreas de hoja de coca, en 2019 se pasó a 94.000, ya en 2020 se lograron 130.000, pero desde entonces la curva comenzó a bajar. Es así como 2021 cerró con 103.000 hectáreas erradicadas y en 2022 (que tuvo ocho meses de administración Duque y cuatro de Petro) se cayó a 68.000, la mayoría durante el gobierno saliente.
Tal y como es conocido, desde el día uno del mandato de izquierda se advirtió que la destrucción de los sembradíos ilícitos ya no sería la prioridad, bajo la tesis de que afectaba más al pequeño cultivador (que el gobierno considera una víctima y el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico). El foco, entonces, sería el decomiso e interdicción de la droga.
Ese giro en la estrategia es el que explica cómo desde agosto de 2022 empezó a bajar drásticamente la destrucción de los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola, ya que el énfasis se fijó en atacar solo los “narcocultivos de gran tamaño o industriales”.
La mayor evidencia de ese cambio de enfoque se dio en 2023, cuando la meta (que en el gobierno Duque siempre estuvo por encima de las 100.000 hectáreas a erradicar) se fijó apenas en 20.000, lo que a duras penas se terminó superando (20.323).
La cuestión es más complicada ahora puesto que el gobierno Petro bajó aún más la meta para 2024. La dejó apenas en 10.000 hectáreas a destruir, con el agravante de que entre enero y febrero solo se erradicaron 117 hectáreas, aunque el promedio mensual debería estar por encima de las 833 erradicadas. Es decir, ya la meta está colgada.
Visto todo lo anterior, tanto el presidente Petro como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el canciller encargado y embajador titular ante la Casa Blanca, Luis Gilberto Murillo, sostienen que la prioridad es cómo avanza el decomiso de droga, resaltando un crecimiento sustancial en este flanco.
Las cifras, en cuanto a toneladas de cocaína incautadas que maneja el Ministerio de Defensa son las siguientes: en 2017 se decomisaron 413, en 2019 se subió a 428, ya en 2020 se alcanzaron las 505 toneladas, pasando a 669 en 2021, 659 en 2022 y llegando al récord de 739 en 2023. Incluso ya en los primeros dos meses de este 2024 cayeron en manos de las autoridades 122 toneladas.
Así las cosas, para el gobierno Petro la reducción de la ayuda de Estados Unidos en más de un 10% para este año no es un tema complicado ni reflejo de esa caída de la erradicación, sobre todo porque el presupuesto para operaciones extranjeras en general fue ajustado a la baja.
“La ratificación de estos fondos en el Congreso refleja nuestra estrecha colaboración y fortalece la ejecución de iniciativas bilaterales y hemisféricas en áreas estratégicas, como la lucha contra las amenazas ambientales, la construcción de resiliencia frente al cambio climático, el fortalecimiento de los esfuerzos de construcción de paz, la protección de los derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y el apoyo a la integración efectiva de migrantes en las comunidades de acogida”, precisó la Cancillería colombiana el jueves pasado.
Agregó que “en medio de reajustes de gasto doméstico y recortes generales al presupuesto de cooperación internacional de los Estados Unidos, tanto la solicitud presupuestal del presidente Biden como la financiación publicada por el Congreso reconocen la importancia estratégica de nuestra relación bilateral y el papel central de nuestro trabajo conjunto en la promoción de la paz y del desarrollo económico y social inclusivo, la seguridad multidimensional en el hemisferio y la gestión de la migración segura y humana”.
Lo cierto es que si bien, por el momento, pese a las reducciones (para 2025 el gobierno Biden planteó una partida de 413 millones), se mantiene un apoyo de Estados Unidos a la lucha antidroga Colombia, es claro que las reservas son cada vez más altas en el Congreso y la Casa Blanca, no solo por cuenta del riesgo de que nuestro país esté “inundado de hoja de coca”, sino porque las visiones del combate al narcotráfico entre el gobierno de izquierda y la administración demócrata son cada vez más contrarias. Aunque la adicción al fentanilo y opioides cobra 100.000 vidas al año, la cocaína 30.000, un saldo dramático para los estadounidenses.
Si a ello se le suma el pulso sobre el énfasis de la estrategia antidroga entre los candidatos presidenciales Donald Trump y Biden, con posturas muy antagónicas, se entiende por qué al enfoque del gobierno Petro en la materia se le acaba el margen de acción frente a la política estadounidense.
