Los elementos de prueba dan cuenta de que la administración municipal se abstuvo de abrir licitación pública y entregó de manera directa un contrato por más de 10.334 millones de pesos.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 26 de agosto de 2020. El exmandatario y los otros dos exfuncionarios suscribieron de manera directa un contrato por 10.334’292.032 de pesos, mediante la modalidad de contrato interadministrativo. Sin embargo, la normatividad vigente indica que para este tipo de procesos contractuales debía abrirse una licitación pública, de tal manera que se garantizara la participación de otros oferentes y la escogencia de la propuesta más favorable.
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En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali imputó a los tres exfuncionarios el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Adicionalmente, a Vera Díaz se le imputó además el delito de prevaricato por acción, en el entendido de que habría dado viabilidad al contrato de alumbrado público, a través de una resolución del 25 de agosto de 2020.
Los procesados no aceptaron los cargos.
