El país quedó estupefacto al ver en señal directa y en vivo que sujetos encapuchados, fuertemente armados, se tomaron las instalaciones del canal TC Televisión, en Guayaquil, y secuestraron a sus trabajadores, la tarde del martes 9 de enero. Las imágenes de los aterradores momentos se viralizaron rápidamente a escala internacional.
La situación fue controlada por una intervención de la Policía Nacional, que pudo rescatar a los empleados y detener a trece sospechosos, quienes serán procesados por el delito de terrorismo.
Tras los lamentables acontecimientos, un amplio grupo de periodistas se unieron espontáneamente en un manifiesto para rechazar el ataque al medio de comunicación y solidarizarse con los trabajadores.
El manuscrito lleva las firmas de más de 300 periodistas de Ecuador, Perú, Colombia, México, España, Argentina, Venezuela, El Salvador, Brasil, Estados Unidos, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Chile, Costa Rica, Panamá, Honduras y República Dominicana, quienes repudiaron los ataques a la prensa a manos de bandas criminales.
“Esta es una muestra más de cómo el crimen organizado apunta a la prensa como uno de sus blancos. Ecuador terminó el 2023 como el país más violento de América Latina. En ese año se registró también el exilio de nueve periodistas, una cifra inédita en nuestra historia. Las amenazas de muerte han aumentado en un 275 % y los ataques armados contra comunicadores también se han incrementado”, resalta el texto.
El comunicado describe que “lo ocurrido en TC Televisión es la imagen más dolorosa de lo que vive actualmente la prensa ecuatoriana” como consecuencia de aumento de la violencia criminal. Y critica al Estado por no proteger a los periodistas.
“Esta situación merece acciones urgentes. Es tiempo de que el Estado en su conjunto entienda que el papel de la prensa es fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia”, precisa el documento, al tiempo de reclamar financiamiento y atención para el Mecanismo de Protección, que fue creado en la última reforma de la Ley de Comunicación.
Este ha sido un día doloroso, oscuro, triste. Sin embargo, también la unidad nos hace llorar. Más de 300 periodistas de #Ecuador y #Latinoamérica rechazamos lo ocurrido hoy en @tctelevision. Porque callar al periodismo es mostrar que gana el la violencia y la desolación. pic.twitter.com/29fenvBxe0
— gabriela verdezoto (@gabrielav1980) January 10, 2024
Entonces, a pesar del miedo y del dolor, nos juntamos en solidaridad con nuestros colegas y con el oficio. Nombres en fila que significa que no estamos solos, que callar no es opción, que somos más los que queremos la paz. pic.twitter.com/bY7WaFNIrq
— gabriela verdezoto (@gabrielav1980) January 10, 2024
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó la toma del canal de televisión.
La organización “exhortó a las autoridades a garantizar el trabajo periodístico en el país y en este caso en particular, conducir una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables”.
Roberto Rock, presidente de la SIP y director del portal mexicano La Silla Rota, repudió lo acontecido y señaló que aquello constituye “un agravio que reviste extrema gravedad por sus múltiples implicaciones”, indica un comunicado oficial.
Rock apuntó que “las autoridades deben tomar las medidas urgentes para garantizar que los periodistas puedan ejercer su profesión sin temer a represalias y seguir sirviendo a la comunidad”.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, comentó que cualquier demora en la puesta en marcha del mecanismo de protección de periodistas “solo agravará la situación”.
“Cuando se ataca a un medio televisivo en plena transmisión se busca instalar el terror ciudadano”, remarcó Jornet, quien pertenece al diario argentino La Voz del Interior.
De acuerdo con el comunicado de la SIP, en diciembre pasado el organismo expresó alarma por el avance de la violencia del crimen organizado y las amenazas contra la prensa ecuatoriana.
El Consejo de Comunicación de Ecuador informo que solicitó a las autoridades proteger a los medios de comunicación y sus trabajadores, a fin de garantizar su vida e integridad personal. (I)
