Una carta por la paz

En Cauca, Nariño, Arauca, Sur de Bolívar, Catatumbo, como en todas las regiones azotadas por la coca y otras actividades ilícitas, se libra una guerra sin cuartel entre actores armados ilegales por el control territorial; guerra que afecta a las comunidades y de la cual hacen parte el ELN y el Autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, EMC, el primero con un Acuerdo de cese al fuego firmado y funcionando, y el segundo con uno por firmar el 8 de octubre, lo cual implica que tienen “voluntad de paz” y, en consecuencia, deberían empezar a ser parte de la solución y no del problema.

Por ello, en un país donde ponerse de acuerdo parece imposible, fue fácil para mí hacerlo con Fabio Valencia Cossio; con quien compartimos militancia conservadora y, hoy, por convicción, militancia en el Centro Democrático; pero, sobre todo, creemos en el derecho de la gente a vivir en libertad y en paz.

Nos pusimos de acuerdo porque, además de nuestras afinidades políticas, hacemos parte de las delegaciones gubernamentales en las negociaciones, él con el EMC y yo con el ELN, procesos que, uno apenas empezando y el otro avanzado, son paralelos en cuanto tienen el mismo objetivo: la paz

A partir de esa premisa, acordamos enviar una carta –ya lo hicimos– al Gobierno, a través del Comisionado de Paz, y a los jefes de las delegaciones de los dos grupos armados ilegales, cuyo propósito es llamar la atención en que, si bien un Acuerdo de cese al fuego con el Gobierno es necesario, no lo es menos un Acuerdo entre grupos que adelantan negociaciones de paz.

Tres razones para esta invitación a un Acuerdo de cese al fuego entre el ELN y el EMC:

Primero: lo más importante, la gente que sufre en los territorios. El presidente Petro, de una parte, dejó claro que no basta con el cese al fuego, sino que toda negociación debe incluir cese de hostilidades a la población. De otra parte, los dos grupos aceptaron, como marco de referencia, el Derecho Internacional Humanitario en lo referido a la protección de la población civil.

Segundo: la confrontación entre grupos armados en proceso de negociación, al afectar a las comunidades, convoca la intervención de la Fuerza Pública, obligada a cumplir su deber constitucional de proteger a la población, lo cual deriva en eventuales “incidentes” que se convierten en obstáculos a los dos procesos.

Tercero: Los enfrentamientos entre grupos que, al mismo tiempo, adelantan conversaciones de paz, son totalmente inconsecuentes y les restan credibilidad a los procesos.

El país, que se debate entre el escepticismo y la desesperanza, necesita volver a creer. Con Fabio Valencia hemos enviado una carta por la paz, para proteger a millones de colombianos atrapados por la violencia, mientras llega esa paz de verdad, que solo será posible cuando callen los fusiles.

@jflafaurie