Con la llegada del primer gobierno de izquierda a Colombia, se presentía la construcción de una nueva agenda y las reformas que se discutirán en el Congreso son una muestra de ello.
A pesar de que el presidente Gustavo Petro hablaba de llevar a cabo diálogos con todos los sectores de la sociedad, los empresarios se están quejando porque, según afirman, no fueron tenidos en cuenta para la redacción de la nueva reforma laboral, que fue radicada el jueves 24 de agosto.
Los dos gremios más fuertes del país, Andi y Fenalco, dejaron claro que los tomó por sorpresa que el Ministerio de Trabajo radicara el texto sin previo aviso, sin haberlos citado al diálogo tripartito y sin tener en cuenta sus observaciones previas.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, había resaltado a principio de año la buena disposición para el diálogo por parte de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien esta vez ni siquiera convocó a los medios para registrar el ingreso del proyecto al Parlamento.
¿Atmósfera caldeada?
El presidente Petro se ha mostrado más inclinado hacia lo que él llama la economía popular; un renglón en el que incluye a emprendedores, micro unidades productivas y trabajadores por cuenta propia y ambulantes.
Con las otras agremiaciones la relación parece básica y recientemente dejó esperando a los empresarios para la clausura del Congreso de la Andi y días después en Bogotá al Consejo Gremial Nacional.
El mandatario y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, protagonizaron un cruce de trinos en mayo, cuando no se había hundido el primer proyecto de reforma laboral.
Esa discusión se desató cuando el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla), adscrito al Banco de la República, compartió los resultados de un estudio en el que se señaló que la reforma podría acabar hasta con 454.000 puestos formales de trabajo debido al incremento en los costos para el empleador.
En esa ocasión, Mac Master sostuvo que Colombia no podía darse el lujo de aprobar una reforma que “no solo no crea empleo, sino que lo destruye”. El presidente Petro le contestó con un trino en el que señaló que “en Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira (…)”.
Ambos dejaron constancia pública de lo lejos que estaban en cuanto al tema del mercado laboral, que es un asunto sensible para la economía, toda vez que de allí se desprenden los salarios, el consumo y, en última instancia, la generación de riqueza nacional.
Pelea en diversos frentes
Los desencuentros entre el presidente y el sector privado han sido varios, pero quizás, los más notorios se han registrado con los prestadores del servicio energético, los fondos de pensión y las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
Con los proveedores de electricidad hubo controversia cuando intentó tomarse las facultades de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), aduciendo que las tarifas eran muy altas.
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Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), le recalcó que la institucionalidad en el sector había funcionado desde que se aprobó la Ley 142 para evitar un apagón, como el que se vivió en 1992.
El Consejo de Estado finalmente suspendió el Decreto 227 con el que el presidente quería tomar decisiones sobre las facturas. Luego, el mandatario mencionó que el país necesitaba una reforma a los servicios públicos.
Sánchez comentó al respecto que coincidía en esa necesidad de actualizar la ley y que la piedra angular tendría que ser la focalización de los subsidios para que lleguen a quien realmente los necesita.
“Yo invito a pasar del dicho al hecho y a jalar para el mismo lado, eso es lo que quiere Colombia, yo no quiero pelear con el presidente Petro (…) tenemos que sentarnos para llegar a acuerdos”, subrayó el líder gremial.
En el frente de la salud y las pensiones, desde que se conocieron los textos de las reformas, ha sido evidente que el mandatario quiere al Estado en el centro de la seguridad social y, en ambos casos, los gremios de estos sectores han señalado que consideran como un riesgo abrir la puerta a un “monopolio estatal”.
Relación deteriorada
Así las cosas, la relación entre los gremios y el poder Ejecutivo no parece estar pasando por el mejor momento y el presidente de Fenalco así lo manifestó al opinar sobre el nuevo texto de la reforma laboral.
“Nuevamente el gobierno se equivoca al radicar este proyecto, que básicamente está fundamentado en el proyecto que se hundió en la pasada legislatura. Creemos que se cometió el error de desaprovechar el espacio de más de dos meses para escuchar a todos los sectores e insistir en la esencia, que fue el incremento en los costos laborales”, comentó.
Y agregó: “Esperamos que los congresistas, especialmente los de la Comisión Séptima, sepan entender el momento de desaceleración que está vieviendo Colombia y el desafortunado impacto que podría tener este proyecto en la generación del empleo”.
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Sin embargo, la ministra de Trabajo opina todo lo contrario y dijo que esta es “una reforma muy mejorada porque hemos partido del informe general que quedó en la Cámara de Representantes y desde allí —y con las apuestas que se hicieron en audiencias públicas— hemos hablado con otros sectores que han hecho propuestas (…)”.
Maria Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) y de Aliadas (alianza de gremios y asociaciones), le comentó a este diario que “si bien es cierto que hay unos pocos temas que se atendieron, estos se hicieron de forma parcial por lo que siguen persistiendo preocupaciones”.
“Estamos listos para seguir en las conversaciones con el gobierno, el Congreso, los trabajadores y el sector privado para analizar punto por punto y hacer las propuestas necesarias que permitan que los trabajadores tengan la mejor reforma laboral posible”, añadió.
Yann Basset, docente y analista político, indicó que las diferencias entre el gobierno y las empresas son algo lógico mientras se discute una reforma laboral, “aunque es cierto que se hubiera podido concertar mejor”.
“De todos modos tiene que surtirse el trámite en el Congreso y yo creo que hay margen para introducir modificaciones. La mayor dificultad ahora para el gobierno es la ausencia de una coalición en el Congreso, que está ligada al desacuerdo con los gremios porque estos tienen influencia en el Congreso. El desafío es estructurar una mayoría en el Parlamento, sin una coalición será muy difícil sacar adelante las reformas”, puntualizó.
