La ley de “paz total” –2272 de 2022– atraviesa este martes una dura puja ante la Corte Constitucional para decidir si es pasa el examen del alto tribunal o si se cae y queda sin efectos legales.
Desde las 8:00 de la mañana, la Corte realiza la audiencia pública en la que escucha a los demandantes, expertos y entes de control, así como al Gobierno, para tener claro cuáles son las críticas a la Ley y cómo los defiende el Ejecutivo.
La audiencia, que ha enfrentado a voces de lado y lado, ha estado como para alquilar balcón: por el banquillo han pasado desde la senadora María Fernanda Cabal, que es una de las demandantes, y la procuradora Margarita Cabello, hasta el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda y el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Cómo era de esperarse, la Procuraduría General de la Nación pidió otra vez tumbar la Ley. Entre otras cosas, Cabello argumentó que el articulado “carece de la especificidad mínima para cumplir con mandatos superiores y sus disposiciones deben someterse a escrutinio estricto”.
Así mismo, dijo que podía generar impunidad y que el Ministerio Público no está de acuerdo con que el Estado le conceda beneficios a las disidencias de las Farc que defraudaron el Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno.
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Por su parte, la Fiscalía insistió en que no puede levantar órdenes de captura contra grupos narcoparamilitares. Tal como explicó la vicefiscal Martha Mancera “sin un marco legal de sometimiento, la suspensión de órdenes de captura a estructuras criminales sin estatus político puede maniatar la acción penal” del ente acusador.
Por eso, Mancera insistió en la pelea que han tenido el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro y dijo que la Fiscalía no suspenderá órdenes de captura de grupos sin carácter político. “Esa es una tarea de los jueces”, enfatizó la vicefiscal.
Respecto a la intervención de la senadora del Centro Democrático, Cabal alegó vicios de trámite en el legislativo pues, según ella, al proyecto le agregaron a última hora un artículo que “jamás fue discutido” que es el que le permite al Gobierno volver a negociar con las disidencias que traicionaron el Acuerdo y retomaron las armas.
La defensa del Gobierno
Por su parte, el Gobierno envió a sus pesos pesados para defender la ley de paz total que, además, es la principal bandera de Gustavo Petro.
A su turno, el alto comisionado Danilo Rueda defendió la postura de negociar con disidentes. Según su defensa, “el hecho de que unas personas se desmovilicen y luego se rearmen no impide que el Estado intente un nuevo ciclo de paz paraenfrentar un nuevo ciclo de la guerra”.
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Además, insistió en que el Gobierno busca adelantar procesos con todos los grupos armados del país, sin importar si tienen naturaleza política o no.
Este último punto dista de lo que defendió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pues él aseguró que hay una diferencia entre los grupos insurgentes y los narcoparamilitares y que el Gobierno no busca negociar con los que no tienen estatus político.
Ante esta contradicción, el magistrado Antonio José Lizarazo dijo que el discurso manejaba un doble discurso y que no “hay congruencia” entre lo que argumentaron Rueda y Osuna.
Actulamente la Corte Constitucional evalúa ocho demandas que buscan tumbar la ley de paz total. Sin embargo, en esta audiencia pública el alto tribunal hizo énfasis en escuchar los procesos presentados por la oposición.
Por ahora, el país está a la expectativa de qué decisión tomará la Corte. Si decide tumbar la Ley, Petro se quedaría sin las herramientas que ha pedido para lograr la “paz total” que ha defendido durante campaña y este primer año de Gobierno.
