A diferencia de liberales y conservadores –que no dejan de mostrarle los dientes a Gustavo Petro por su controvertida reforma a la salud–, el Partido de La U ha ido desescalando la confrontación, le ha sacado el cuerpo a oficializar un divorcio y hoy parece seguir en el redil. La pregunta que no dejan de hacerse congresistas opositores y aliados es el por qué de ese respaldo, aun cuando en el revolcón ministerial el Gobierno les quitó representación y puestos en el gabinete.
Si bien la propia directora de la colectividad, Dilian Francisca Toro, lo atribuye a la salida de Carolina Corcho y al arribo de Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud, detrás de esa moderación con dejo de reconciliación estaría un estratégico y muy ventajoso acuerdo político con miras a las elecciones regionales de octubre próximo.
Conoció que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, invitó a una cena privada a todos los senadores de La U este martes 9 de mayo en su despacho en Bogotá. Posteriormente, la cita será con los representantes a la Cámara.
Asistirán diez senadores y no está descartada la presencia de la directora, Dilian Francisca Toro, quien ha venido adelantando varias conversaciones telefónicas con el ministro Velasco.
Estos acercamientos de un lado y del otro han llevado a concluir que la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro podría terminar con un final feliz en el Congreso porque, además, la llegada del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, mermó las tensiones que existían de parte de algunos partidos políticos.
El pacto, como reconocieron fuentes consultadas consiste en que Toro le baje a los decibeles y no se oponga a la reforma a la salud en el Congreso a cambio de que el petrismo no le monte una dura competencia para la Gobernación de Valle del Cauca. Se trata del actual senador Alexander López, un petrista de peso que se dispone a remplazar a Roy Barreras y asumir como presidente del Congreso en las últimas cinco semanas que le quedan al Pacto Histórico en ese cargo.
Y es que cuando el país político daba por hecho que los actuales congresistas estaban inhabilitados para aspirar a las elecciones territoriales –pues la ley indica que deben renunciar a su cargo un año antes de los comicios–, en Palacio desempolvaron un concepto de Función Pública que, en plata blanca, concluye que no tienen inhabilidad alguna.
El documento –que data de junio de 2022, es decir, en tiempos del expresidente Iván Duque, lo que disipa cualquier asomo de que esté hecho a la medida– indica textualmente que “no existe inhabilidad” para que un concejal, un diputado o, en este caso, un congresista, aspiren a ser elegidos alcalde o gobernador, considerando que no ejercen autoridad política, civil o administrativa en los departamentos o municipios.
Es decir, aunque la inhabilidad aplica para quienes 1 año antes de la elección hayan ejercido, entre otras, como empleados públicos o autoridades políticas, a la luz de ese concepto los congresistas no tienen esos roles y tienen vía libre para participar. Eso sí, deben formalizar su candidatura antes de la fecha de cierre de las inscripciones, en este caso el próximo 29 de julio.
“No incurriría en inhabilidad el miembro de corporación de elección popular que aspira a ser elegido para otra corporación pública, si éste presenta renuncia y le es debidamente aceptada antes de la fecha de elección para el nuevo cargo o corporación pública a que se aspire, así los períodos establecidos por la Constitución y la Ley coincidan parcialmente”, reza el concepto de Función Pública.
Este documento sería entonces la moneda de cambio que usó el gobierno Petro para lograr un nuevo respaldo de La U a su reforma a la salud. Y si bien Dilian Francisca Toro tiene bien ganado su apodo como “baronesa del Valle” –y, de hecho, la actual gobernadora (Clara Luz Roldán) es de su cuerda política–, no estaría dispuesta a correr riesgos en su camino electoral, por lo que habría resuelto ceder en la puja.
En diálogo con este diario, Toro –que la semana pasada pospuso la reunión de bancada para decidir si seguían siendo partido de gobierno o migraban a la independencia–, ratificó que aún no ha decidido si será candidata, defendió que en el “juego democrático cualquiera puede aspirar” (en referencia a la eventual candidatura de López) y fue enfática en advertir que no se prestaría para un acuerdo de ese calibre con la Casa de Nariño: “Jamás haría algo así”, señaló.
En esa misma línea, el recién posesionado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó consultado por este diario que desde Palacio se haya fraguado el pacto: “No hombre, eso no es cierto”, se limitó a decir Velasco, a quien justamente Petro le encomendó la misión de tratar de recomponer las relaciones en el Congreso para asegurar las mayorías para sus reformas.
Quien también habló fue el senador Alexander López, con arraigo valluno, cercano a la vicepresidenta Francia Márquez y que en las elecciones de 2018, por lista abierta, se hizo a 84.229 votos. El congresista dijo desconocer tanto el acuerdo como el concepto de Función Pública que viabilizaría su candidatura. Eso sí, afirmó que de ser así no dudaría en aspirar a la Gobernación.
“En mi caso no hay ningún acuerdo (…) ningún acuerdo va a cercenar nuestro derecho a participar, en este caso personal, a la Gobernación. Yo estaría encantando de ir como candidato a la Gobernación”, explicó López.
El congresista, hoy por hoy, parece tener la sartén por el mango y de concretarse su llegada a la Presidencia del Congreso, saldría fortalecido y con proyección para aspirar a la Gobernación. Incluso, si se cumple su vaticinio, podría dejar aprobada en primer debate la reforma a la salud, lo que le representaría réditos en el petrismo.
La disyuntiva sería entonces para Petro: ¿le cumplirá a Dilian Francisca y atajará a López con tal de salvar su reforma a la salud?, ¿o se la jugará por un senador de la entraña y apoyará su candidatura, lo que implicaría echarse de enemiga a Toro y poner a tambalear su reforma? La pelota está en su campo, Presidente.
