Ante el ciclo de ajustes en el precio de la gasolina, los ministros de Minas, Irene Vélez, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrentarán un debate de control político en la Cámara de Representantes.
Todo esto llega en un contexto en el que se presenta un descontento popular por el incremento progresivo que ha tenido el galón desde octubre del año pasado. Y a pesar de que en promedio ya vale $11.767, el jefe de Hacienda manifestó que tendría que ubicarse en torno a los $16.000 para cerrar el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), que cerró 2022 en $37 billones.
Pese a que los expertos coinciden en que ajustar el precio de los combustibles es un acto de responsabilidad con las finanzas del país, el costo político de tocarles el bolsillo a los consumidores el alto. De hecho, Jeniffer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, citó el debate argumentando que se trata de un golpe muy duro para los hogares y su costo de vida.
Pedraza también considera que, una vez se haga efectiva el alza en el diésel, el impacto será aún peor, pues empezaría a afectar la canasta básica de millones de familias.
“Mucho más cuando consideramos el diésel, que es un bien que se necesita para el transporte y la comercialización de alimentos. Incrementar el precio al diésel va a disparar el precio de la canasta básica familiar. Se está jugando el hambre de los hogares colombianos”, agregó.
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Para la congresista, la principal acción que debería adelantar el Gobierno tendría que ser el cambio en la fórmula con la que se calcula el valor de los combustibles, pues considera que no tiene en cuenta que el 70% de la gasolina que consumen los colombianos se produce en el país.
Sin embargo, varios expertos —incluído el ministro de Hacienda— no es posible obligar a Ecopetrol a vender el combustible a un precios inferior a la cotización internacional del barril, toda vez que eso afectaría los ingresos de la compañía y la plata que le transfiere a la Nación para la inversión social, que solo en 2022 ascendió a $42 billones.
Por otro lado, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, había manifestado que el subsidio a los combustibles generó un saldo rojo en la caja de la Nación que excede los $25 billones que se esperan recaudar con la reforma tributaria y no tiene sentido un gasto tan elevado destinado a subsidiar combustibles.
