El Gobierno de Gustavo Petro logró aprobar este miércoles la totalidad de su Plan de Desarrollo en el Senado y, mientras concluye la discusión en Cámara, ahora solo resta la conciliación para que la hoja de ruta del Jefe de Estado durante los próximos 4 años quede en firma. Sin embargo, al final de la maratónica jornada –más de 8 horas de debate– el sabor fue agridulce.
Si bien al mandatario le hundieron algunas de las facultades extraordinarias que pedía, le terminaron aprobando, en pleno año electoral, los “súper poderes” para reestructurar los programas Familias y Jóvenes en Acción. En plata blanca, podrá intervenir un sector que va a pasar de manejar $1,7 billones anuales distribuidos en 1,9 millones de hogares beneficiados, a $7 billones con la ampliación de la oferta a 3,3 millones de casas. ¿Se traducirán en votos?
Lo anterior quedó consignado en el controvertido artículo 325, que le permite a Petro, por el término de 6 meses, expedir normas con fuerza de ley para modificar esos programas y aterrizar la iniciativa Tránsito a Renta Ciudadana, que recientemente lanzó Prosperidad Social.
Además de esta facultad, el Presidente logró que tanto Senado como Cámara –que sesionaron de manera conjunta para agilizar la discusión del Plan y evitar que terminara aprobado por decreto– le aprobaran “súper poderes” para avanzar con la recuperación del Hospital San Juan de Dios en Bogotá.
Así las cosas, Petro queda revestido de facultades “para adquirir a título gratuito u oneroso” la infraestructura que corresponde al centro hospitalario, así como con la capacidad para crear una entidad que preste servicios de salud y determinar su estructura para la entrada en funcionamiento. Y esa no será la única entidad que podrá crear el Jefe de Estado: más burocracia.
También le concedieron la facultad de crear una entidad que estará adscrita al Ministerio de Transporte para “fomentar la construcción, mejoramiento y conservación” de caminos veredales. A ello se suman facultades extraordinarias para modificar el denominado Grupo Bicentenario, una entidad responsable de la gestión del servicio financiero público.
No obstante, el Congreso le negó a Petro la facultad para modificar las competencias, planta de personal y estructura de la denominada Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Tampoco le aprobó “súper poderes” para desarrollar el Servicio Nacional Forestal, una entidad del sector ambiente.
El Gobierno sufrió otro revés con el hundimiento del apartado que, en el artículo 153, daba vía libre a una sobretasa al impuesto predial para que las administraciones financiaran sistemas de transporte masivo. Un sobreimpuesto que fue denunciado como un mico enorme.
Inclusive, a última hora se presentó una proposición de la nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, para echar al traste el Decreto Ley 902 que le permitió al gobierno de Juan Manuel Santos desarrollar el punto de tierras en el Acuerdo de Paz con las Farc. No obstante, para algunos congresistas se garantizaba una ‘expropiación exprés’ de tierras, por lo que la fugaz iniciativa fue retirada. “Queríamos hacer titulaciones más expeditas para que sea más rápida la reforma agraria, pero si nos toca hacerlo en el doble de tiempo se hará”, dijo la funcionaria.
La buena nueva para el Jefe de Estado llegó con el espaldarazo que recibió en Cámara el artículo que obliga a acoger recomendaciones de Comisión de la Verdad. Si bien el polémico artículo se hundió en Senado el martes, la Cámara le dio un segundo aire, pero con bemoles: las recomendaciones ya no tendrán rango de ley ni implicaciones en asuntos como la extradición, la Policía o la elección de Fiscal General.
“Esas recomendaciones están sujetas a leyes vigentes. No se puede tramitar nada que no pase primero por el Congreso”, defendió la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), quien explicó que ahora será tarea de los conciliadores determinar si acogen lo dispuesto por la Cámara o por Senado.
En Cámara también hubo controversia por el artículo 370 que, para sus detractores, daría vía libre a que Petro beneficie el metro subterráneo en Bogotá y se pase por la galleta la construcción de un sistema elevado. El artículo señala que la Nación financiará con más del 70 % aquellos proyectos férreos en los que se establezca que la opción soterrada “es la mejor alternativa”.
“Soterrar la primera línea del metro de Bogotá, como lo han dicho expertos, podría costar entre $12 y $17 billones. Esa plata implica una reforma tributaria y esos $17 billones se los van a quitar a las regiones. No hay derecho a un capricho como este”, reclamó la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde).
¿Minireforma a la salud?
Durante la discusión del Plan de Desarrollo hubo controversia por la aprobación del artículo 351, que establece un giro directo para que ahora, actuando en nombre de las EPS, lo haga la ADRES (Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud) a las IPS. Es decir, que el Estado –y ya no las EPS– les pagará directamente las cuentas a hospitales, clínicas o centros de salud para evitar más demoras y retrasos.
Sin embargo, la polémica recayó en que el Ejecutivo pretendía eliminar de tajo un parágrafo que indica que no estarían sujetas a ese artículo aquellas EPS “adaptadas del Estado” y las que tengan buen desempeño financiero. Si bien el artículo se aprobó como venía en la ponencia, el senador de oposición Ciro Ramírez (Centro Democrático) destacó que lograron incluir el parágrafo para beneficiar a las EPS que pagan bien.
“Ese parágrafo garantiza que el giro directo sea para todas las EPS. Permite que las EPS buenas –es decir, con buen desempeño financiero– sí manejen recursos. Sin el parágrafo se sacaba a todas las EPS sin excepción del manejo de los recursos”, explicó Ramírez a este diario.
Pese a ello, para su copartidaria, la senadora Valencia, el articulito en su conjunto acaba con las EPS y significa, en plata blanca, aprobar la mitad de la reforma a la salud que el Gobierno intenta tramitar, con sendas dificultades, en la Comisión Séptima de la Cámara. De allí que calificó la inclusión de este tema en el Plan como un “orangután”.
“¿Qué les hace pensar que el Estado va a pagar más rápido que las EPS? Están equivocados. Cuando el Estado ha tratado de pagar las facturas, que ha sido el caso del Fosyga, se ha demorado más de lo que pagan las EPS. Lo que pasa hoy es que el Estado les paga tarde a las EPS y por eso se le paga tarde a los hospitales (…) El Estado no es un buen pagador. Aprobar este artículo significa que vamos a destruir las EPS. Es aprobar la mitad de la reforma a la salud. Demos el debate, pero en la reforma, no en el Plan de Desarrollo”, alegó.
Echaron a un delegado oficial
Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética y quien estaba en la Cámara en representación de la ministra Irene Vélez, ofendió al Congreso mientras defendía un artículo sobre Ecopetrol: “Sería verdaderamente vergonzoso negarle a la empresa (…) participar de la generación de energía renovable”. Los congresistas dijeron que las actuaciones en la plenaria son honestas y exigieron su retiro del recinto. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, los respaldó.
