–El Gobieno Nacional, aunque reiteró que respeta las decisiones de la rama judicial, cuestionó la decisión del Fiscal General de la Nación de negar el levantamiento de las órdenes de captura de cabecillas del clan del golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada y le notificó que el presidente de la República está facultado para hacer estas solicitudes, que, además, se enmarcan en el propósito de lograr la Paz Total con el desmonte de las organizaciones que tienen estatus político y de las que no lo tienen.
Las precisiones las hizo el ministro del Interior y portavoz gubernamental Alfonso Prada, quien concretó que la Ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso, “facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político”, al igual que en conversaciones exploratorias con estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en su proceso de sometimiento».
Con base en esta nueva normativa –puntualizó Prada-–, el Gobierno Nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de algunas órdenes de captura de miembros representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la organización de la Sierra Nevada, dos grupos que son definidos como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado.
Añadió que, de esta manera, se busca que estos miembros representantes puedan participar en las “mesas de diálogo que estamos adelantando, en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen, con miras a obtener en Colombia la tan anhelada Paz Total”.
Al reiterar que el Gobierno respeta las decisiones de la Rama Judicial del Poder Público, el Portavoz indicó que el Ejecutivo quiere “avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación”, para explicar las facultades que le otorga la nueva ley al Presidente de la República.
Subryó que el argumento de la Fiscalía “está fundamentado en dos decretos, que reglamentaron la Ley 418, que acabamos de modificar; esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015, y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen”.
Agregó que “eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando y facultando al Presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura”.
Tales decretos en los que se fundamenta la Fiscalía –precisó– fueron modificados por la Ley 2272, que amplía el margen de facultades para solicitar estas suspensiones de órdenes de captura.
Y agregó: “Aspiramos, en las próximas horas y en los próximos días, tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios, para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la Paz Total”.
De acuerdo con el Portavoz Alfonso Prada, la “Paz Total es clamada en los territorios por las organizaciones sociales de campesinos, de indígenas” y por la ciudadanía en los lugares donde se generan muertes de colombianos.
La Paz Total requiere “instrumentos y caminos para poder conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz, que terminen en acuerdos de paz, y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de Derecho”, concluyó Alfonso Prada.
