El presidente saliente de Colombia Iván Duque está dejando varios decretos que pretenden dejar beneficios de por vida a funcionarios de su gabinete, entre ellos conductores, camionetas blindadas y escoltas.
Lo que dice la Ley, el Decreto 1069 de junio de 2018, del exmandatario Juan Manuel Santos, es que solo los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges podrán mantener esquemas de seguridad vitalicios.
Pero Duque ha estado ampliado el alcance de esta norma para incluir a funcionarios que antes no estaban en esa entidad del Consejo de Seguridad Nacional, como el ministro del Interior, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y la jefatura de gabinete de la Casa de Nariño. La extensión se dio a través del decreto 1033 del 18 de junio de 2022, reportó primero el columnista de Cambio Yohir Akerman.
Los presentados por Akerman son el ministro del Interior, Daniel Palacios; el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín; el ministro de Defensa, Diego Molano; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Manuel Muñoz; y la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa. También, el director nacional de inteligencia, Rodolfo Enrique Amaya; el comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro; y el director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas.
Por otro lado, está el Decreto 1064 del 24 de junio, también firmado por Duque. En este se estableció que, dentro de la Unidad Nacional de Protección, que cobija a personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, se incluyen, según el numeral once, a los “exservidores públicos que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1033 del 18 de junio de 2022.
Además, la columna señala también otro tipo de beneficios vitalicios, como lo son los pasaportes diplomáticos. Antes de que Duque jurara como presidente de Colombia, los cobijados con este norma eran 16 representantes para tener un pasaporte diplomático una vez dejados sus cargos; no obstante, según investigación de Yohir Akerman, ahora serían 37 personas las que logran tener esa prerrogativa diplomática. En este lista ingresaron funcionarios como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez Cubillos y, de nuevo, Víctor Muñoz y María Paula Correa.
