En 2020, el gobernador declaró la urgencia manifiesta en el departamento mediante el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, “para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por la covid-19”.
Al amparo del acto administrativo, explicó la Fiscalía, la Gobernación celebró “de manera directa” el contrato 003 del 3 de abril de 2020, para adquirir elementos de bioseguridad por un valor de $220’375.148. En dicho contrato el ente acusador encontró irregularidades como: “Ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista”.
Palacios Calderón, además, no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, como la publicación oportuna del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
Así mismo, el ente acusador conoció que el mandatario no remitió a la Contraloría el decreto con el que declaró la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación directa, como lo establece la normatividad vigente. “Esta exigencia legal se cumplió luego de que la Fiscalía solicitó el sustento de la referida actuación”, explicó la entidad.
Además de esta detención domiciliaria, los magistrados que llevan el caso ordenaron la separación del funcionario de su cargo.
Ordenan detención domiciliaria al gobernador del Chocó por irregularidades en contrato
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