Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y ahora gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, prendió las alarmas hace 48 horas tras denunciar que dejó de contar con el personal encargado de su seguridad e hizo un llamado al Presidente para que se tomaran medidas.
“No es casualidad que se ordene retirar mi esquema de seguridad precisamente en el momento en que recorro el país para encontrar los bienes que entregamos y que fueron desaparecidos de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), bienes que deben destinarse a la reparación de las víctimas del conflicto”, dijo Mancuso en sus redes.
La controversia en torno a la seguridad del exjefe paramilitar y ahora gestor de paz, Salvatore Mancuso, ha tomado un giro inesperado. En una reciente publicación en sus redes sociales, Mancuso denunció que el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) había sido retirado, lo que generó una serie de reacciones tanto a favor como en contra. Para sus seguidores, la retirada del esquema podría significar un intento de silenciarlo, mientras que para sus víctimas, plantea serias dudas sobre la transparencia en el proceso de reparación.
Mancuso, quien fue deportado a Colombia en febrero de 2024 luego de cumplir una condena en Estados Unidos relacionada con narcotráfico, aseguró que la decisión de retirar su esquema de seguridad coincide con su búsqueda de entre 380 y 400 bienes que, según él, fueron entregados al Estado en 2007 y que ahora parecen haber desaparecido de los registros de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Estos bienes estaban destinados a la reparación de las víctimas de su accionar durante su tiempo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La denuncia fue realizada a través de un video compartido en su cuenta de TikTok, donde expresó su preocupación por los bienes desaparecidos y el impacto que este retiro de seguridad podría tener sobre su misión de buscar justicia y reparación para las víctimas. “No es casualidad que se retire mi esquema de seguridad precisamente cuando estoy recorriendo el país en busca de los bienes entregados para la reparación de las víctimas”, señaló Mancuso, quien cuenta con más de 16.000 seguidores en esta red social.
Irregularidades en la asignación del esquema de seguridad
Sin embargo, el caso se complica aún más cuando se revelan detalles sobre las irregularidades en el propio esquema de seguridad asignado a Mancuso. Según informes de la UNP, se descubrió que su camioneta de alta gama fue modificada sin la debida autorización, lo que generó dudas sobre el uso personal de recursos destinados para su protección. Además, se encontró que cada hijo de Mancuso y su abogado personal tenían un esquema de seguridad exclusivo, lo que resultó ser un gasto adicional innecesario y fuera de los parámetros establecidos.
Estas revelaciones apuntan a un uso indebido de los recursos del Estado, lo que podría abrir un nuevo frente de investigación sobre cómo se gestionaron los recursos de seguridad durante el tiempo en que Mancuso estuvo bajo protección. Las críticas no solo provienen de sus víctimas, quienes temen que este retiro de seguridad pueda poner en peligro el proceso de reparación y verdad, sino también de sectores del gobierno y la sociedad civil, que cuestionan la justificación de ciertos beneficios otorgados a un exparamilitar bajo el marco de los acuerdos de paz.
Impacto en el proceso de paz y la reparación de víctimas
El retiro de seguridad de Mancuso ocurre en un contexto delicado, justo cuando él está llevando a cabo su trabajo de recuperación de bienes entregados por los paramilitares a cambio de una eventual reparación a las víctimas del conflicto armado. Para muchas de las víctimas, la desaparición de estos bienes es un golpe directo a sus esperanzas de reparación.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha defendido su decisión, argumentando que la seguridad de Mancuso fue reevaluada de acuerdo con los protocolos establecidos, aunque los detalles sobre los criterios para la cancelación de su esquema siguen siendo poco claros. Esta situación ha generado un debate sobre el futuro de los excombatientes y los mecanismos de protección que se les deben ofrecer como parte del proceso de paz en Colombia.
Mancuso, por su parte, ha señalado que la retirada de su seguridad tiene como objetivo silenciarlo, justo cuando está en medio de su misión de esclarecer el destino de los bienes entregados a la SAE. Según él, este gesto representa un obstáculo para la transparencia y justicia en el proceso de reparación a las víctimas.
Con el país observando de cerca, el caso de Salvatore Mancuso sigue siendo un ejemplo más de las tensiones y complejidades del proceso de paz en Colombia, donde los esfuerzos por alcanzar la verdad, justicia y reparación siguen siendo frágiles ante las disputas sobre la asignación de recursos y la protección de los actores involucrados.
