Un informe de La Silla Vacía ha revelado que durante su presidencia en la Cámara de Representantes, David Racero, un destacado aliado del presidente Gustavo Petro, habría otorgado contratos a familiares y amigos, en su mayoría de Valledupar, vinculados a la campaña de su tío, José Luis Mayorca. Esta situación ha generado críticas y acusaciones de nepotismo en el manejo de recursos públicos.
David Racero ocupó la presidencia de la Cámara desde el 20 de julio de 2022 hasta el 20 de julio de 2023. Según la investigación, varias personas cercanas a él fueron beneficiadas con contratos que, según el representante, se realizaron conforme a la ley. Entre los contratados se encuentran esposas de sus primos y otros allegados que apoyaron la campaña de Mayorca, quien se postuló a la Gobernación de César.
Entre los casos mencionados, destaca el de Elena Esther Paredes, quien recibió un contrato de $36 millones para realizar actividades de pedagogía en Valledupar. También se menciona a Ángela María Araujo, abogada y esposa de otro primo de Racero, con un contrato de $24 millones. Ambos terminaron trabajando en el despacho de la magistrada del Pacto Histórico, Alba Lucía Velásquez, lo que añade un nivel de complejidad a las acusaciones.
La investigación señala que al menos cuatro personas contratadas por Racero también participaron en la campaña de Mayorca, incluida Diana Patricia Arrieta, una radióloga que apoyó la recolección de firmas para su candidatura. La psicóloga Liliam María Torres, que obtuvo contratos por un total de $50 millones, también contribuyó a la campaña y posteriormente se postuló a la Asamblea de César.
Racero ha defendido su gestión asegurando que todas las contrataciones cumplieron con los requisitos legales y que no hay irregularidades en el proceso.
Adicionalmente, fueron contratados al menos cuatro personas que terminaron apoyando la candidatura de Mayorca hacia la Gobernación de Cesar. Entre ellos, se cuentan la radióloga Diana Patricia Arrieta Clavijo, contratada entre el 9 de febrero y el 19 de julio de 2023, y quien fue una de las impulsoras de la recolección de firmas a favor del tío del representante.
También la psicóloga Liliam María Torres Feluzzula, quien tuvo dos contratos que sumaron alrededor de $50 millones, y quien no solo aportó recursos a la campaña de José Luis Mayorca, sino que luego fue candidata a la Asamblea de Cesar con el aval del mismo partido que respaldó la candidatura de Mayorca: Fuerza de la Paz, del exsenador y hoy embajador en Reino Unido Roy Barreras.
En el ramillete aparecen también la economista y periodista María Eloísa Araujo y la abogada Saida Medina, quienes tuvieron contratos y luego aportaron $27 millones a la campaña de Mayorca. Inclusive, Araujo fue jefe de prensa del tío del expresidente durante la campaña. Además, aparece Amanda Lucía Verdecia, amiga de la familia Mayorca y auxiliar de enfermería, quien tuvo dos contratos por $44 millones.
“Que la gente haga campaña después de haber trabajado en el Congreso no es mi responsabilidad”, señaló Racero a La Silla Vacía.
Finalmente, figuran los periodistas Enrique Alfonso Camargo y Ader Trillos Clavijo, también provenientes de Valledupar, y quienes se hicieron a contratos por cerca de $20 millones.
La denuncia llega semanas después de que la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia abrieran una investigación contra Racero por presunta solicitud de dinero a su equipo legislativo. A ello se suman señalamientos de que empleados asumían tareas que no hacían parte de sus funciones.
Además, según las denuncias reveladas por el periodista Daniel Coronell, el expresidente de la Cámara de Representantes (2022-2023) pidió contratos en el Sena en el departamento del Cesar, como lo muestra una conversación por WhatsApp publicada por el periodista.
