La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación una investigación al testigo Juan Guillermo Monsalve, así como a su exesposa Deyanira Gómez y al abogado Miguel Ángel del Río, por la presunta alteración, manipulación y destrucción de los elementos probatorios en el caso que se sigue en su contra.
El 16 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá había expresado su preocupación por la dirección del caso, indicando que la juez Sandra Heredia había puesto el proceso «al borde de la nulidad» al negarle a la defensa un plazo para completar un estudio forense de los dispositivos electrónicos de Monsalve.
“Solicitamos a usted que se adelante una investigación en contra de Juan Guillermo Monsalve Pineda, Deyanira Gómez Sarmiento, Miguel Ángel del Río y John Harvey González”, señala la denuncia presentada ante la Fiscalía.
En este contexto, la defensa de Uribe afirma que existe evidencia técnica que sugiere que archivos relevantes fueron borrados y que varios dispositivos, incluidos los relojes de Monsalve que contenían grabaciones, fueron entregados a la Fiscalía en condiciones que impidieron la extracción de su contenido.
La denuncia también subraya que los dispositivos, que supuestamente contenían grabaciones de reuniones cruciales entre Monsalve y el abogado Diego Cadena, muestran signos de haber sido editados. Según los denunciantes, se ha encontrado evidencia de que «los archivos borrados, que fueron encontrados recientemente en la USB aportada, confirman la edición del video aportado».
Uno de los puntos más inquietantes de la denuncia es la falta de coherencia en los archivos entregados a la Fiscalía, indicando que “en dos tarjetas Micro SD supuestamente correspondientes a esos relojes, no se encontró ninguno de los archivos entregados en 2018”. La denuncia detalla que, en total, faltan siete minutos y 32 segundos de grabación, lo que añade un matiz de gravedad al caso.
La defensa de Uribe también ha señalado que el informe pericial presentado por el abogado del Río podría haber inducido a error a la jueza al concluir que las grabaciones no habían sido editadas. “De esta forma, la Corte Suprema de Justicia en vez de tener conocimiento desde ese mismo instante… solo supo de la grabación cuando esta fue extraída”, se afirma en la denuncia.
A medida que se reanudan las audiencias preparatorias, se espera que la defensa de Uribe utilice esta nueva información para cuestionar la validez de las pruebas en su contra. El desenlace de esta situación podría tener implicaciones significativas para el futuro del proceso judicial que enfrenta el expresidente, en un contexto marcado por la intensa controversia y la atención mediática que rodea su figura.
