En un contexto de creciente preocupación por la violencia sexual contra menores en Colombia, Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, salió este sábado a defender una controvertida reforma judicial que propone la reducción de penas para aquellos que admiten ser culpables de delitos graves, incluyendo homicidio y lesiones a niños, niñas y adolescentes. La ministra aseguró que esta iniciativa busca «judicializar mejor a quienes abusan de menores de edad», un objetivo que, según ella, podría ayudar a combatir la impunidad.
La propuesta de reforma
El proyecto de ley, que actualmente se discute en el Congreso, establece que en casos de homicidio o lesiones dolosas cometidas contra menores, se aplicarán nuevas reglas de rebaja de pena. Según el séptimo capítulo de la propuesta, en caso de celebrarse preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y el acusado, la pena podría reducirse a la mitad, dependiendo del caso y la gravedad del delito. “Esto no significa que sean beneficios; la intención es asegurar que el agresor pague por su crimen”, subrayó Buitrago durante una entrevista en Caracol Radio.
La reforma plantea que, con una confesión del culpable, la pena podría disminuir hasta un 25%, lo que ha generado un amplio debate en la sociedad colombiana. La ministra enfatizó que no se trata de otorgar beneficios en forma de libertad condicional o provisional, sino de implementar un sistema que garantice que quienes cometan delitos contra menores enfrenten sanciones efectivas.
Un enfoque en la impunidad Buitrago argumentó que muchos casos de delitos sexuales contra menores son difíciles de probar debido a la falta de evidencia técnica, lo que lleva a situaciones de impunidad. «Los delitos suelen ocurrir a puerta cerrada, lo que dificulta la recolección de pruebas sólidas», afirmó. Ante esta realidad, la ministra se cuestionó si un agresor estaría dispuesto a confesar su crimen si no hubiera una posibilidad de reducción de pena, especialmente en un contexto donde la evidencia es escasa.
La discusión sobre la reforma ha tomado más relevancia tras el trágico caso de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años hallada sin vida en un cañaduzal en Valle del Cauca. El principal sospechoso, Brayan Snaither Campo Pillimue, de 32 años, confesó su implicación en el crimen, lo que ha renovado el clamor social por justicia y por un sistema penal más efectivo.
La propuesta ha suscitado diversas reacciones. Mientras algunos ven la reforma como un paso necesario para mejorar la justicia en casos de violencia contra menores, otros critican la posibilidad de que los culpables reciban reducciones de pena. La ministra Buitrago asegura que la intención es clara: «Lo único que se busca es garantizar que no haya impunidad y que los responsables enfrenten consecuencias reales por sus acciones».
Este debate es crucial en una nación donde los delitos contra la infancia han generado una ola de indignación y demandas de cambio. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe ser prioritaria, y cualquier reforma en este ámbito debe ser evaluada cuidadosamente para asegurar que realmente contribuya a la justicia y no a la minimización de los crímenes cometidos.
La discusión sobre la reforma propuesta por la ministra Ángela María Buitrago refleja la complejidad de abordar la violencia sexual contra menores en Colombia. En un país donde la impunidad ha sido una constante, encontrar un equilibrio entre justicia efectiva y protección de las víctimas es fundamental. Las voces de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos jugarán un papel crucial en el seguimiento de esta reforma y en la búsqueda de un sistema judicial más justo y equitativo.
