En un nuevo giro de la controversia política en Colombia, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte ataque contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusándolos de ser parte de la política tradicional y descalificando a varios de ellos con señalamientos personales. Este descontento surge tras la decisión del CNE de abrir una investigación formal a su campaña por presunta violación de topes electorales, que podría implicar sanciones económicas.
A pesar de que hace menos de una semana el Gobierno Nacional presentó las bases de un acuerdo nacional destinado a desescalar el lenguaje en el debate político y erradicar la estigmatización, el mandatario intensificó su retórica en contra de los magistrados. En su discurso, Petro no solo cuestionó la legitimidad de la investigación, sino que también recurrió a acusaciones graves, incluso mencionando que el presidente del CNE, César Lorduy, había sido “acusado de asesinar a una novia”.
Lorduy, quien ha enfrentado acusaciones por un caso de homicidio culposo que data de 1979, ha defendido su integridad, aclarando que el proceso no culminó en condena. Por su parte, Petro también señaló al magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, quien se encuentra bajo investigación por presunto soborno a testigos, un caso que lo relaciona con el expresidente Álvaro Uribe.
La situación ha escalado hasta el punto de que la familia de Prada se vio obligada a abandonar el país ante amenazas, reflejando el clima de tensión que rodea la investigación. Adicionalmente, Petro descalificó a la expresidenta del CNE, Maritza Martínez, insinuando vínculos con un paramilitar condenado, lo que intensifica el ambiente hostil.
“Son estos personajes los que están tomando decisiones sobre el voto popular”, denunció Petro, quien afirmó que, “sin ser jueces”, los magistrados se han permitido formular cargos en su contra y de su campaña.
El conflicto pone de relieve la polarización en el país y el impacto que las acusaciones y la investigación pueden tener en el futuro político de Petro. Mientras el presidente defiende su posición, el CNE se mantiene firme en su deber de investigar y garantizar la transparencia electoral. La tensión entre el Ejecutivo y el poder electoral podría llevar a un desenlace incierto en el contexto político colombiano.
