A medida que se acerca la fecha de entrega de su cargo el próximo 14 de enero, Margarita Cabello enfrenta un panorama lleno de retos y decisiones cruciales que marcarán su paso por la Procuraduría General de la Nación. Con la elección de Gregorio Eljach como su sucesor, la procuradora se encuentra en la recta final de un periodo que ha estado marcado por escándalos, investigaciones de alto perfil y la búsqueda de una justicia que muchos consideran urgente.
Uno de los casos más resonantes en su agenda es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Desde abril, la procuraduría ha estado investigando irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, así como la compra de 1.000 tanques de reserva. Este caso no solo pone en tela de juicio la transparencia en la gestión pública, sino que también tiene implicaciones directas para comunidades vulnerables que dependen de estos recursos. La intervención de Cabello para destrabar la habilitación de estos carrotanques es un intento por restablecer la confianza en el manejo de los recursos.
El expediente está vinculado a varios exfuncionarios, incluyendo al exdirector Olmedo López y al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla. La magnitud de las irregularidades reveladas ha llevado a que la opinión pública mantenga una mirada atenta sobre los resultados de esta investigación. ¿Logrará la procuradora Cabello tomar decisiones contundentes antes de finalizar su mandato?
Otro caso que ha captado la atención es el de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de recibir dineros irregulares para financiar su campaña presidencial en 2022. La Procuraduría debe determinar si encuentra responsables a los involucrados en este escándalo, un asunto que podría tener repercusiones en la estabilidad política del país. La decisión que tome Cabello podría sentar un precedente sobre cómo se manejan estos casos dentro de la administración pública.
Además, está pendiente la investigación a Laura Sarabia, actual directora del Dapre, por las presuntas irregularidades en el sometimiento al polígrafo de Marelbys Meza, una exniñera vinculada a un caso de robo de un maletín con dinero. Este episodio ha generado un debate sobre los límites de la autoridad y la ética en la función pública. Las decisiones de la Procuraduría en este caso reflejarán no solo su compromiso con la justicia, sino también la forma en que se gestiona la seguridad y el bienestar de quienes trabajan para el gobierno.
La situación se complica aún más con las investigaciones abiertas a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos, donde se estima que podrían estar en riesgo hasta 136 mil millones de pesos del erario.
Las decisiones que se tomen en este frente son vitales para garantizar que la reforma agraria cumpla su propósito sin poner en riesgo los recursos públicos.
Finalmente, la situación en la Comisión de Regulación de Energías y Gas (CREG) añade otra capa de presión. La falta de nombramientos en propiedad ha afectado el funcionamiento de este órgano crítico, responsable de regular las tarifas de energía. El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el presidente Gustavo Petro por desatender las órdenes de nombramiento refuerza la urgencia de tomar decisiones que permitan recuperar la normalidad en esta instancia.En conclusión, Margarita Cabello se enfrenta a un periodo decisivo en su gestión como procuradora general. Las decisiones que tome en estas semanas no solo impactarán su legado, sino que también influirán en la confianza pública en las instituciones. Con un amplio menú de procesos en su agenda, la mirada del país estará atenta a cómo navega estos desafíos en su último tramo al frente de la Procuraduría.