El presidente ejecutivo de Fedegán publicó en sus redes sociales dos invasiones recientes: una el viernes a una finca bufalera en Magangué y otra el domingo a un predio ganadero en Córdoba. Manifestó que el campo sigue alimentando al país a pesar de ser el gran escenario de la violencia y de que recibe discursos de odio y propuestas que serán semillero de nuevas discordias.
En su más reciente columna de opinión, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, denunció que actualmente son tres las amenazas a la propiedad privada de la tierra y a la seguridad jurídica de la economía rural.
Inició expresando que “Crecen los cultivos de coca y, con ellos, la violencia rural: los ataques a la Fuerza Pública, el estallido de los oleoductos, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y el sufrimiento de comunidades en medio de la lucha encarnizada de los grupos narcoterroristas por el control territorial”.
En el escrito titulado “La tierra, otra vez amenazada” reveló que la Jurisdicción Agraria, el Acuerdo de Escazú y el reconocimiento de los pueblos del CRIC como Autoridad Territorial Económica y Ambiental podrían ser el “semillero de nuevas discordias”.
Jurisdicción Agraria: incertidumbre y conflictividad
El alto ejecutivo indicó que como si fueran pocos los problemas del campo, el gobierno decidió crear más y sembrar incertidumbre y conflictividad con el proyecto de ley de la llamada Jurisdicción Agraria, concebido como una amenaza a la propiedad privada de la tierra y a la seguridad jurídica de la economía rural.
“No es una amenaza nueva. Hace un año, en la ley del Plan, el Gobierno metió un mico dizque para ‘facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria’, que era realmente una presión extorsiva para obligar al propietario a vender bajo la amenaza de extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica, eliminando garantías procesales, endureciendo los términos y entregándole la competencia decisoria a la Agencia Nacional de Tierras sin la intervención de un juez”, agregó en su columna semanal.
Recordó que la Corte Constitucional declaró inexequible ese intento, pero el Gobierno lo resucitó en la jurisdicción agraria, estableciendo que los procesos de que trata la Ley 160/94, entre ellos la expropiación administrativa con indemnización y la extinción de dominio sin ella, serán resueltos por la ANT mediante acto administrativo y con el único recurso de la acción de nulidad, “con lo cual el proyecto deroga de un tajo el Capítulo 3 del Decreto Ley 902/17, sobre la Fase Judicial del Proceso Único que protegía al propietario frente a una decisión sumaria y administrativa”.
Jurisdicción Agraria “se brincó la cerca”
Adicionalmente, la Jurisdicción Agraria, que es un compromiso del Acuerdo con las Farc para proteger al campesino en los conflictos de tierras, literalmente “se brincó la cerca” y pretende darles a los jueces agrarios competencia sobre “las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios”.
Esto, según el criterio del presidente ejecutivo de Fedegán, arrebata competencias a otros jueces y vuelca sobre unos omnipotentes jueces agrarios toda la actividad económica agropecuaria del país.
Lafaurie Rivera alertó que quizás sean más peligrosas las amenazas ocultas en los principios y los enfoques del proyecto en los artículos 5 y 6, vagos e ideologizados, induciendo a los jueces a la aplicación de criterios subjetivos, como “el buen vivir”, por encima del rigor jurídico; a la primacía de la justicia material sobre la justicia formal y al excesivo garantismo en beneficio de los sujetos protegidos, que tiene su máxima expresión en la presunción de veracidad de sus afirmaciones, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la defensa de quien no goza de la misma presunción.
Las otras amenazas
Además de la Jurisdicción Agraria hay otras dos que el alto ejecutivo mencionó en su columna de opinión:
– La reciente ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional que permitirá, entre otras cosas, imponer medidas cautelares sobre la tierra en procesos ambientales.
– El Decreto 1094 del 28 de agosto de 2024 que es el reconocimiento de los pueblos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como Autoridad Territorial Económica y Ambiental (Decreto ATEA), no solo en sus tierras, sino en las que pretenden como suyas, es decir, todo o gran parte de los departamentos de Cauca y el Valle del Cauca.
Y destacó esta sentencia: “desde varios frentes, la propiedad privada de la tierra está amenazada”.
*Nuevas invasiones *
Por otra parte, en sus redes sociales Lafaurie Rivera denunció dos invasiones a fincas durante el fin de semana: una en Magangué (Bolívar) y otra en Montelíbano (Córdoba). Esta situación ha encendido las alarmas del sector en la Costa Caribe y todo el país.
En ambos casos, Fedegán ha hecho seguimiento y ha prestado asesoría a los ganaderos afectados. Los hechos son tan críticos que la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (ACB) solicitó la presencia de la UNDMO (antiguo ESMAD) “para restaurar la propiedad privada a sus legítimos dueños, del predio Santa Gabriela, ubicada en el corregimiento Santa Lucía, municipio de Magangué, departamento de Bolívar”.
Asimismo, pidió el apoyo “para despejar la vía que da acceso a los corregimientos de Puerto Kenedy, Talacoa y Las Brisas, que está siendo bloqueada afectando la movilización de productos como leche y movilización de ganado, entre otros”.
En su cuenta de X, Fedegán publicó: ¡Otra invasión se está danto en Córdoba! La finca ganadera conocida como Coco, ubicada en la vereda Calle Larga, perteneciente al corregimiento Las Cordadas, en Montelíbano, ha sido invadida ilegalmente.
“Urge la atención inmediata de las autoridades locales y gubernamentales, policía y entidades judiciales”, agregó.
