El Ejecutivo invitó a la empresa Thomas Greg & Sons a participar de las mesas técnicas que buscan dar continuidad a la expedición de pasaportes después del 3 de octubre, cuando vence el actual contrato.
Cuando faltan 40 días para que finalice el contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, el Gobierno Nacional sigue pescando en río revuelto, mientras define a qué empresa delegarle la tarea de generar los documentos a partir del 3 de octubre próximo.
Las posibles improvisaciones en el manejo del asunto quedaron al descubierto en la tarde de ayer, jueves, cuando se conoció que la Cancillería colombiana invitó a participar de una mesa técnica a la empresa Thomas Greg & Sons, la misma que, sin contratiempos, ha llevado a cabo la expedición de esas cartillas durante los últimos 17 años y que fue apartada del asunto sin argumentos técnicos, jurídicos, ni fácticos.
El Gobierno tendría múltiples intereses en llegar a buenos términos con Thomas Greg, lo que, justamente, motivó los recientes acercamientos.
El primero tendría que ver con la presentación de una propuesta para extender el contrato al menos hasta septiembre del próximo año, asegurando así la continuidad de este servicio esencial para los colombianos que viajan al extranjero.
Fuentes dentro de Thomas Greg le confirmaron que en efecto fueron llamados para participar en las reuniones que iniciarán en los próximos días con el fin de encontrar una solución.
Adicionalmente, la Cancillería evalúa la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la compañía para que retire la demanda que presentó contra el Estado colombiano. La demanda, que asciende a $117.000 millones, fue interpuesta a finales del año pasado después de que fracasara el proceso de conciliación y la licitación para la expedición de pasaportes fuera declarada desierta.
En el pleito, Thomas Greg & Sons, alegó que fue apartada del proceso pese a ser el único proponente que cumplió con los requisitos de la licitación en medio de la convocatoria pública.
Los apresurados deseos por hacer cambios en la contratación de los pasaportes llevaron a una crisis en el 2023 y la suspensión por tres meses del entonces canciller, Álvaro Leyva. La Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario por las presuntas irregularidades en las que incurrió durante el proceso. Sus faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo.
El temor de que colapse o se paralice el sistema y en consecuencia haya una posible acumulación de solicitudes, represamiento de citas y demoras en la entrega, han llevado al Gobierno a entregar tibios partes de tranquilidad.
El canciller Luis Gilberto Murillo insiste en que el servicio no se verá afectado y asegura que su equipo está trabajando en los detalles para prevenir cualquier imprevisto. De ese trabajo, al que se refiere el ministro, salió un cronograma para la transición en el modelo, aunque por el momento atice la intranquilidad.
Según ese cronograma, a inicios de octubre comenzaría la segunda fase denominada como “transición” antes de que la Imprenta Nacional asuma en propiedad la fabricación de los documentos.
“Se ha corrido un poco la participación de la Imprenta Nacional porque todavía tenemos que hacer procesos de fortalecimiento. La verdad es que la Imprenta, dado el diagnóstico que hicimos y lo que ellos mismos han reconocido, no está lista para asumir desde el 3 de octubre”, reconoció Murillo, quien sostuvo que la Imprenta “todavía necesita procesos adicionales de fortalecimiento”.
Por eso, en la fase de transición, se contempló una alianza con un actor internacional y uno privado para la producción de los pasaportes, pero que a hoy no está claro quién es el oferente.
Sobre ese particular, esta semana se conoció que una empresa alemana, con participación en los pasaportes en Venezuela, pidió pista para convertirse en el socio que el Gobierno Petro anda buscando.
Según dos portales de investigación, Armando.info, de Venezuela, e IDL-Reporteros de Perú, el gobierno de Chávez comenzó a renovar su sistema de identificación a finales de 2005. Todo se hizo rápido, el bufete Mossack Fonseca les ayudó a diseñar una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales en los cuales una firma alemana se encargaba de imprimir los pasaportes y Cuba tenía acceso al software.
Se trata de la firma alemana Bundesdruckerei que, casualmente, tiene el 40% de la participación accionaria en la empresa Veridos, la firma internacional que se ha mostrado más interesada en quedarse con el negocio de los pasaportes en Colombia. Sobre esto aún no se pronuncia el Gobierno y tampoco el presidente, Gustavo Petro.
Por ahora, lo cierto es que el miércoles pasado quedó cerrado el espacio para participar en esta alianza. Murillo confirmó que se recibieron ofertas de países como Alemania, Austria, Canadá, Portugal, Francia, México, Estados Unidos y Países Bajos.
El asunto ha generado tantas dudas, que esta semana se dio una reunión entre la Procuraduría y la Contraloría con la Cancillería, con el fin de analizar el panorama actual y conocer de primera mano las acciones que tomará el Ejecutivo para asegurar la hechura de las libretas del pasaporte.
Al término de este encuentro, el canciller Murillo, dijo que “no hay ninguna afectación a la expedición de estos pasaportes, ni lo habrá después del 3 de octubre. Precisamente, vamos a trabajar cada detalle para evitar cualquier imprevisión que pueda aparecer en el horizonte, y es en eso en lo que vamos a tener un acompañamiento de la Procuraduría y vamos a realizar unas mesas de trabajo”.
