La administración del presidente Gustavo Petro ha sido objeto de intensas críticas y controversias debido a una serie de escándalos de corrupción que han sacudido el panorama político de Colombia. Desde el inicio de su mandato, Petro, conocido por su lucha contra la corrupción y su promesa de un país de cambio, ha enfrentado numerosos desafíos que han puesto en entredicho la integridad de su gobierno.
Un sinnúmero importante de escándalos suma la Administración Petro al arribar al meridiano del mandato, algunos se podrían decir de menor calado: la compra de un televisor por $27 millones y edredones de plumas de ganso por $4 millones cada uno para dotar las cuatro casas de Estado y huéspedes de la Presidencia y Vicepresidencia; pero también otros que han conmocionado al país, como la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El exdirector de esa entidad, Olmedo López, señalado como uno de los responsables, dijo que de la contratación para La Guajira se sacaron cerca de $300.000 millones, supuestamente, para entregar a congresistas con el fin de que favorecieran las reformas del Gobierno.
Lo ocurrido en la Ungrd, no solo ha golpeado severamente la imagen del Gobierno y el presidente Petro en cuanto a su compromiso en la lucha contra la corrupción, sino que podría tener efectos políticos en el Congreso en el trámite de sus proyectos, en donde la principal apuesta es la reforma laboral que va para segundo debate en la Cámara, porque se ha puesto un manto de duda sobre si habría acudido a dádivas a los congresistas para lograr aprobar las reformas.
El presidente Petro fue enfático en que su gobierno no compra congresistas; sin embargo, López y Pinilla han entregado profusa información a la Fiscalía en donde, según ellos, se comprueba que al menos 15 parlamentarios se beneficiaron de este hecho de corrupción.
Otro aspecto alarmante del escándalo involucra a funcionarios de alto rango dentro de la UNDRD. Según documentos filtrados y testimonios de fuentes internas, habría existido un esquema de sobornos y favoritismo en la adjudicación de contratos para la adquisición de suministros y servicios de emergencia. La sospecha es que algunos contratos fueron otorgados a empresas vinculadas con intermediarios que tenían conexiones cercanas con ciertos funcionarios de la entidad, lo que ha despertado inquietudes sobre la transparencia en los procesos de licitación.
El escándalo también ha puesto en evidencia deficiencias en los mecanismos de control interno de la UNDRD. Varios empleados han denunciado la falta de supervisión y auditorías rigurosas, lo que ha permitido que las irregularidades pasen desapercibidas por un largo período. La falta de un sistema robusto para monitorear el uso de los fondos y la ejecución de proyectos ha facilitado la corrupción y la mala gestión, afectando directamente a los colombianos más vulnerables.
El Ejecutivo anunció también que radicará en esta legislatura un importante paquete de proyectos, como una especie de reforma tributaria para acelerar el crecimiento de la economía, insistirá en la reforma a la salud, presentará la reforma a la justicia, así como la reforma a la ley de servicios públicos, entre otros.
No obstante, parece que el ambiente no es el mejor en el Legislativo en este momento para los proyectos de la Casa de Nariño por lo ocurrido en la Ungrd. Una muestra de ello es que la semana anterior fue radicado en el Senado una solicitud de moción de censura al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien fue señalado por Olmedo López y Sneyder Pinilla de ordenar contratos supuestamente para entregar a congresistas. Por ello, la Fiscalía abrió una investigación preliminar al ministro.
La fiscal del caso dijo en días pasados en la audiencia de imputación a Pinilla y López, que “usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro; y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República”.
Por estos hechos la Fiscalía también investiga a varios exfuncionarios del Gobierno, como el exministro del Interior, Luis Velasco; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González; y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
En tanto que la Corte Suprema abrió una investigación preliminar a ocho congresistas por lo ocurrido en la Ungrd, incluyendo al expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
Otros escándalos de corrupción
Otro tema que ha puesto al Gobierno a dar explicaciones es la fallida licitación que llevó a cabo el año pasado la Cancillería para la fabricación de pasaportes.
Por las irregularidades que se habrían presentado al declararse desierta esta licitación, la Procuraduría suspendió al entonces canciller Álvaro Leyva, quien meses después optó por renunciar. Al día de hoy, no ha sido abierta una nueva licitación y lo que sí hay es una demanda contra el Estado que impetró Thomas Greg & Sons por $117.000 millones, que participaba para quedarse con ese contrato.
Uno de los primeros escándalos que le surgió al Gobierno fue por las visitas antes de las elecciones presidenciales del 2022 de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, a varias cárceles en donde se entrevistó con cabecillas de estructuras armadas y narcotraficantes en capilla para su extradición, para hablarles de la política de paz total del Gobierno.
La oposición política señaló que supuestamente estaban buscando el apoyo político de estos cabecillas en las regiones a Gustavo Petro en las elecciones del 2022, a cambio de que ya en el Gobierno los incluyeran en la política de paz y recibieran algunos beneficios. Esto fue negado tanto por el presidente como por su hermano.
Otro de los mayores escándalos del Gobierno es por las supuestas irregularidades que se habrían presentado en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pues se habría superado el tope de gastos y en las cuentas que entregaron al Consejo Nacional Electoral no habrían reportado todos los ingresos.
En el Consejo Electoral hay una ponencia, por definir, que pide investigar al presidente y la campaña por las supuestas irregularidades.
El Consejo Electoral investiga situaciones como un avión en que se habría movilizado el entonces candidato Petro y otros integrantes de la campaña a diferentes regiones, que habría sido pagado con plata de DailyCop, una empresa de criptomonedas señalada de estafas.
También en la investigación se tiene en cuenta un audio que envió el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, a Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete, a quien se quejaba porque el presidente Petro no lo atendía.
“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones y ahora … que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, afirmó Benedetti. También dijo que “con tanta mier* que yo sé, pues nos jodemos todos”.
Igualmente, Nicolás Petro, el hijo del presidente, se vio involucrado en un escándalo porque se quedó con al menos $1.000 millones de plata que recibió para la campaña de su padre, incluso de personas de oscuro pasado, como de Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, quien le hizo llegar al joven $600 millones. Este hombre pagó en Estados Unidos una condena de 18 años de prisión por narcotráfico.
A medida que las investigaciones avanzan y se hacen públicos más detalles, la ciudadanía colombiana observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. La capacidad del gobierno para enfrentar y resolver estos escándalos será crucial para la legitimidad y el futuro de la administración de Gustavo Petro, así como para la credibilidad de las instituciones responsables de la gestión de emergencias en el país.
